"Docentes bajo sospecha permanente": el gremio se metió en la polémica por el caso Trigatti

El Sindicato Argentino de Docentes Privados -filial Santa Fe- emitió una carta abierta a los jueces en la que se posicionan frente al caso de Juan Trigatti, el docente que había sido absuelto en primera instancia por falta de pruebas en una causa de abuso, pero cuya absolución fue revocada por un tribunal de segunda instancia.

El escrito, que lleva las firmas de un grupo de dirigentes, docentes y militantes feministas vinculadas a espacios educativos de la ciudad, fue ingresado por Mesa de Entradas del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia, donde tendrá tratamiento la apelación horizontal.

Mientras tanto, este miércoles “se notificó la admisión del recurso de apelación”, informó el abogado Marcos Barceló, quien junto a la Dra. Macarena Olivera representan al docente Trigatti.

Apelación horizontal

La novedad judicial es el paso previo a la fijación de la esperada audiencia, cuya fecha podría conocerse una vez transcurridos 10 días, luego de la aceptación del recurso por parte del tribunal compuesto por los camaristas Fabio Mudry -presidente-, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri.

Según explicó el profesional, “ahora se pone el recurso de admisión a disposición de la contraparte por 10 días, y luego ya se fija audiencia al efecto”.

Los jueces Mudry, Gentile Bersano y Netri, deberán revisar la sentencia de sus pares, Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus, quienes a fines de junio revocaron la absolución de primera instancia y condenaron a Trigatti a 12 años de prisión efectiva por el abuso sexual de 5 niñas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, del barrio Yapeyú..

Docentes "interpeladas"

En la previa de una audiencia definitoria -deberá dirimir entre la inocencia de baja instancia y la culpabilidad de la alzada-, el gremio de los docentes privados se metió de lleno en la polémica en favor de su par.

Las firmantes, muchas de las cuales compartieron actividades escolares con Trigatti en diversas instituciones, expresaron sentirse “profundamente interpeladas” por lo que consideran un fallo de Cámara que exacerba la exposición y vulnerabilidad del trabajo docente.

“Estamos asistiendo a un escenario inesperadamente distinto, con un tribunal que rechazó la sentencia absolutoria sin revisar el proceso judicial anterior y que dio lugar a la figura de Amicus Curiae”, señalan en el documento, en alusión a organizaciones que intervinieron en la causa aportando argumentos en favor de la revocatoria.

Testimonios desestimados

Durante el juicio oral en 2024, 20 docentes declararon a favor de Trigatti. Muchas de ellas participaron como testigos y contextualizaron la dinámica escolar en la que se habría producido el hecho denunciado. El tribunal de primera instancia dictó la absolución por inexistencia de delito, haciendo alusión a un proceso de “sugestión colectiva” y señalando graves irregularidades en la investigación.

Sin embargo, el reciente fallo de segunda instancia, que revoca esa absolución, se basa en una lectura distinta de las pruebas y en la valoración de nuevas presentaciones.

“El accionar de la fiscalía y la querella demostró una clara ausencia de perspectiva de género. Nos acusaron de encubrimiento institucional por haber declarado a favor de un compañero”, advierte la carta.

Y agrega: “Esta afirmación cosifica nuestras voces y desestima nuestra capacidad reflexiva como profesionales de la educación”.

En el escrito también se cuestiona el abordaje judicial de los testimonios de trabajadoras de la salud que participaron del proceso, a quienes —según las firmantes— también se desacreditó de manera peyorativa.

“Docencia bajo sospecha”

El colectivo denuncia que la sentencia deja al sector docente en una posición de extrema fragilidad ante acusaciones que, según afirman, no siempre se investigan con el debido rigor.

“Necesitamos con urgencia una mirada capaz de abordar la complejidad de estas situaciones. Hoy, la docencia está bajo sospecha permanente”, concluyen.

A su vez, cuestionan los procedimientos judiciales llevados a cabo desde el inicio de la causa, señalando, por ejemplo, la demora en la conformación de la cámara Gesell, el trato revictimizante a las niñas involucradas y la pérdida de registros fílmicos clave para la investigación.

Mirada “situada” y “territorial”

Aunque las docentes se reconocen como parte del movimiento de mujeres y disidencias, y sostienen los principios de protección de las infancias y los derechos humanos, reivindican una mirada feminista “situada” y territorial, que no pierda de vista el contexto escolar ni la complejidad institucional de estas situaciones.

“Somos las mismas que denunciamos la falta de resguardo del Estado en casos como el de Vanesa Castillo -docente asesinada en Alto Verde-. Conocemos y aplicamos los protocolos de actuación frente a situaciones de abuso. Sin embargo, en este caso, fuimos puestas en el lugar de cómplices sin pruebas”.

La carta completa circula entre redes docentes y organizaciones territoriales, y ya ha comenzado a generar debate en el ámbito educativo santafesino. El caso Trigatti, que desde el inicio provocó posiciones encontradas, vuelve así al centro de la escena pública y judicial.

Juan Trigatti fue acusado de abuso infantil durante su desempeño como docente en una institución educativa de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El juicio de primera instancia, a cargo de los jueces Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres, concluyó con su absolución, pero el fallo fue recientemente anulado por la Cámara de Apelaciones.