Caso Lucio: "No hallamos situaciones que hicieran sospechar de maltratos", sostiene la jueza

Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada del jury de enjuiciamiento a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, en el marco del crimen de Lucio Dupuy, un proceso en el que también está acusada la asesora de menores Elisa Alejandra Catán. Ambas funcionarias son juzgadas por presunto mal desempeño luego de haberle otorgado la tenencia de la víctima a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien junto a su pareja, Abigaíl Páez, actualmente purgan una condena a prisión perpetua por haber asesinado al nene, de 5 años.

A diferencia de lo que sucedió en la apertura del debate y del horario programado para los días siguientes, la jornada del miércoles fue por la tarde. El primero en presentarse a declarar fue Juan Pablo Meaca, funcionario a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.

El testigo afirmó que a los cuatro días de la muerte de Lucio, después de pedirle informes a las Unidades de Niñez de Santa Rosa y General Pico, le indicaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que no había denuncias sobre presuntos malos tratos.

“Incluso al día de hoy, y después de una sentencia (condenatoria) no hay informes, denuncias, exposiciones o actas, de organismos públicos y privados, que mostraran algún indicador que el niño estuviera sufriendo situaciones de vulnerabilidad”, sostuvo.

Meaca señaló, por otra parte, que “el derecho del niño a ser escuchado depende de su desarrollo y su grado de madurez”. Y agregó: “Pero tampoco hay que poner al niño a decidir un conflicto entre adultos, si se va con mamá o papá, como por ejemplo en cuestiones de alimentos, regímenes comunicacionales o cuidados personales”.

Durante su testimonio, el abogado Pablo Rodríguez Salto, representante de la jueza acusada, le preguntó al testigo si es una negligencia grave entregar a un niño con los genitales paspados. El interrogante tuvo relación con la imputación que pesa sobre Pérez Ballester, acusada de haber omitido comunicarle a la Dirección General de Niñez de que esa lesión figuraba en la denuncia que la madre del chico formuló contra el tío Maximiliano Dupuy porque, presuntamente, le impedía el contacto con Lucio.

Meaca respondió: “Todos tuvimos hijos y a todos se nos han paspado… Hay que ver el contexto o si se trató de un hecho suelto para intervenir o no”.

A continuación, Mariángeles López, defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, recordó que el organismo recibió dos consultas de Espósito Valenti, una “por un juicio que ya estaba cerrado” y otra para que colaboren “para que salga una sentencia sobre un trámite en la Anses”, en el expediente del cuidado personal.

Y acotó que a raíz de ello se comunicó con Pérez Ballester. “Lo escribimos a los cuatro o cinco días del fallecimiento de Lucio, al mes y hace una semana. Como Defensoría no encontramos ningún indicador que hiciera sospechar que el niño estaba siendo vulnerado. Al día de hoy seguimos revisando y no encontramos ninguna situación de vulneración que nos hiciera sospechar de maltratos”, aseguró.

A su turno, María José Mendoza, quien entre 2019 y 2021 fue responsable de la Unidad de Niñez de General Pico, respondió acerca de si tuvo una comunicación con la Policía de esa localidad respecto de un acta de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo por violencia de género. “No, no tuvimos intervención. En ningún momento recibimos una denuncia para hacer un seguimiento de una situación” relacionado con el caso, fue la respuesta.

En tanto, el director general de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa, Rodrigo Lofvall, aclaró que ese organismo “no es el de aplicación de la ley cada vez que se vulnera un derecho, sino que es la autoridad de aplicación de la ley”. Y siguió: “O sea que, cuando se constata la vulneración de derechos, puede intervenir directamente o articular con otros organismos para garantizar esos derechos”.

En esa línea, remarcó que están obligados a intervenir “si nos dan intervención” y, ante una consulta sobre si tienen la obligación de emitir informes, contestó que “a veces sí y a veces no”. “Nosotros nos enteramos quién era Lucio Dupuy por los diarios y ya con los hechos consumados. Previamente, no existió ningún pedido de intervención”, explicó ante el tribunal.

Posteriormente, tomó la palabra Cecilia Andrea Milanese, fiscal adjunta de la Unidad de Atención Primaria de General Pico. Ella fue quien recibió una denuncia de Maximiliano Dupuy contra Espósito Valenti por impedimento de contacto con Lucio. Explicó que la desestimó porque, al momento de recibirla, el conflicto ya estaba resuelto (el niño había vuelto con su tía Leticia Hidalgo) y porque no había delito, sino un incumplimiento del régimen comunicacional.

Su colega Andreína Marisol Montes también prestó testimonio. Puntualmente, se refirió a una denuncia de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy en la que le tocó intervenir.

“La denuncia arrancó con la madre diciendo que quería volver a tener a su hijo. Ahí deslizó que su pareja (Abigail Páez) había visto un sarpullido en Lucio y que no lo había llevado al médico. Previamente, había existido una exposición donde no había dicho nada de eso. Al niño no se lo revisó porque lo del sarpullido había sido cinco días antes”, relató. También manifestó que la madre no puso reparos cuando se archivó la denuncia.

Montes dijo que se le dio intervención a la Unidad de Niñez de General Pico, contradiciendo a la testigo Mendoza, quien un rato antes había afirmado que no tuvieron intervención.

Por su parte, la fiscal adjunta en la UAP de General Pico, Ana María Ballari, trabajó en una denuncia de Espósito Valenti contra Maximiliano Dupuy por entorpecimiento de contacto. La misma se originó el 31 de mayo de 2020, cuando el tío le había dado a Lucio porque ella fue a visitarlo. Ahí surgió lo de Abigail Páez y el sarpullido. “Descarté que hubiera un delito y que el niño fuera víctima de un delito. Fue un hecho aislado”. No recordó si se le dio intervención a la Unidad de Niñez y ella fue quien archivó la causa. Previamente, le dio vista a la madre de Lucio.

Ballari, al archivar la causa, entendió que el Juzgado de Familia era el organismo más competente para resolver el desacuerdo ante el interés de la madre de volver a tener el cuidado del niño.

El octavo y último testigo en declarar fue Luciano Nahuel Rebechi, fiscal de género de General Pico. En su caso, recordó que, ante esa misma denuncia por impedimento de contacto, se le dio intervención a Unidad de Niñez. Dijo que previamente ese organismo ya había intervenido porque “ese mismo día hubo dos exposiciones cruzadas”. Además, indicó que en las horas posteriores Lucio fue restituido a su tía Leticia Hidalgo, quien por entonces tenía la tutela. Y manifestó que “hay constancias policiales de que intervino la Unidad de Niñez”.

La primera jornada

Este martes, durante la primera jornada, declararon 12 testigos, entre ellos, familiares de la víctima y las funcionarias que intervinieron en la discusión por la tenencia del menor. Uno de los que declaró fue el padre de Lucio, Christian Sebastián Dupuy, quien contó que estuvo de acuerdo con que su hijo estuviera a cuidado de su hermano y su cuñada.

“Por lo que me contaban mi papá, mi hermano y mi cuñada, ella (Magdalena Espósito Valenti) siempre los amenazaba”, aseguró ante el tribunal. En ese sentido, aprovechó para mostrarse arrepentido de la forma en la que actuó y ya con el daño hecho, tomar conciencia de que tuvo la oportunidad de hacer algo diferente. “Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé lo que iba a pasar”, remarcó.

Consultado sobre su participación en los trámites judiciales sobre la tutela de su hijo, Dupuy padre sostuvo: “Jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes. Contraté a una abogada (Yamila Isoardi) para establecer un régimen de visitas”. Precisó que ese régimen tuvo lugar en 2021, cuando Espósito Valenti ya tenía otorgado el cuidado personal.

“En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto”, agregó.