Condenaron a una pareja de narcos de barrio Los Troncos

El 21 de abril de 2018 Gendarmería Nacional irrumpió en un comercio de barrio Los Troncos, de donde secuestró más de medio kilo de cocaína fraccionada para la venta y sus dos únicos ocupantes quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal. Dos años y medio le llevó a los investigadores poder desbaratar el negocio ilegal emprendido por Marcelo Raúl Ferreyra, alias “El Sabalero” y su mujer Ivana Lía Mendoza. Por el hecho, ambos fueron condenados la semana pasada a cuatro años de cárcel, que él cumple en Coronda y ella en prisión domiciliaria.

La sentencia fue dictada el 12 de agosto por la jueza María Ivón Vella, del Tribunal Oral Federal local, y fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el fiscal general Martín Suárez Faisal y el abogado Raúl Berizo, con el consentimiento de sus defendidos. Tanto Ferreyra como Mendoza, fueron considerados coautores por el delito de “tráfico de estupefacientes en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y comercio”, por lo que a su vez se les impuso multa de $ 162.000 para cada uno. Asimismo, en la resolución se ordenó el decomiso de una camioneta Toyota Hilux y $ 144.725 que fueron incautados en el procedimiento.

Cocaína y dinero

La tarde del allanamiento, personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Santa Fe” de Gendarmería Nacional secuestró “un total de 534,69 gramos de cocaína, distribuido en 387 tubos eppendorf y 2 envoltorios de nylon negro, junto a una balanza de precisión digital, una gran cantidad de dinero en efectivo y celulares, entre otros elementos”. Es decir que “ambos conocían efectivamente la existencia del material ilícito hallado en su vivienda”, señaló la Dra. Vella.

El apodo de “El Sabalero” comenzó a sonar entre los investigadores cuando el 25 de septiembre de 2015 un llamado anónimo marcó la casa donde en ese entonces funcionaba un kiosco y despensa de nombre “Los Hermanos”. El fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, quedó a cargo de la investigación, en la que se lograron filmaciones de las denominadas “maniobras de pasamanos” (referida al intercambio de pequeños paquetes -la droga- por dinero que realizaban personas que a toda hora llegaban de a pié, en bicicletas, motos y autos).

Sin embargo, por espurios designios, que la fiscalía atribuyó a la trama de corrupción policial, la pareja conformada por Ferreyra (47) y Mendoza (30) lograba salir airosa de sus perseguidores.

Vuelta al barrio

En marzo de 2016 la policía informó que la vivienda había sido remodelada y ampliada, y que seguía funcionando como bunker para la venta de drogas. A mediados de ese año, pusieron de pantalla una rotisería, cuya actividad se extendió por unos meses, hasta que nuevamente fueron alertados para dejar el barrio. El 4 de octubre de 2016 se autorizó un allanamiento pero no se pudo realizar; y al poco tiempo se producen nuevos y “notables cambios en el inmueble”. También ante la aparición de numerosos vehículos se inician nuevas observaciones en julio del 2017, las que dieron cuenta de que ambos regresaron al barrio.

Una vez más el fiscal Rodríguez pide amplía la investigación por “lavado de activos de origen delictivo” y solicita medidas, entre ellas un nuevo allanamiento que culmina con el desbaratamiento de la empresa delictiva y el procesamiento de Ferreyra y Mendoza, el 4 de mayo de 2018 por el juez Federal N° 2, Francisco Miño.

Lavado de dinero

Tal como indicó la jueza María Ivón Vella en su sentencia, “se han podido verificar en los encausados (Ferreyra y Mendoza) significativos bienes que han incorporado al patrimonio sin que se haya justificado su procedencia”. Para la Justicia “no se han acreditado ingresos, ni se han acompañado constancias o pruebas que reflejen ganancias económicas producto de una actividad lícita registrada”. Respecto de ello y “como elemento indiciario, se les ha formado causa separada en relación a la posible comisión del delito de lavado de activos en trámite ante el Juzgado Federal Nº 2”, señala el fallo.

El pedido para investigar el origen de los bienes detectados a nombre de la pareja -inmuebles, 15 autos, motos y una embarcación- lo realizó el fiscal Walter Rodríguez, a mediados del año pasado, cuando firmó el requerimiento de elevación a juicio. Asimismo, el representante del MPF consideró que la continuidad en el tiempo del delito no podría haberse dado “sin la complicidad y consecuentes actos de corrupción desplegados por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad”, por lo que también sugirió investigar en ese sentido.