Confirman el procesamiento para los lavadores del Zurdo Villarroel

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario (Fernando Barbará y Aníbal Pineda) confirmó el procesamiento por lavado de dinero proveniente del narcotráfico dictado contra Jorge Lescano y Graciela Bugnon, por su participación como intermediarios, en operaciones comerciales relacionadas a Sergio Villarroel y su esposa Débora Flores, quienes además de haber sido condenados el año pasado por tráfico de estupefacientes, también enfrentan una causa por narcolavado.

“Del resultado de las conversaciones telefónicas surge que los imputados conocían la procedencia ilegal de los bienes de Villarroel y Flores, y habrían utilizado sus medios específicos y dedicación con el propósito de borrar los rastros ilícitos del dinero, por lo que corresponde confirmar su procesamiento”, destacaron los camaristas rosarinos en su escrito del 6 de mayo.

Tanto Bugnon como Lescano fueron procesados el 28 de septiembre de 2017 por el juez Federal N° 2, Francisco Miño, como autores del delito de lavado de dinero, por “administrar o poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal” (artículo 303 inciso 1), agravado por “la habitualidad y ser realizados como miembro de una asociación o banda” (inciso 2 apartado a). En el caso de Bugnon la figura también se encuentra agravada por su condición de “agente inmobiliaria”, según lo establecido en el “apartado b” de la norma, que refiere a quien “hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial”.

Condena previa

La medida alcanzó además a los principales investigados -Villarroel y Flores-, cuyo abogado particular Claudio Torres del Sel no apeló el procesamiento como parte de una estrategia defensiva, de cara a lo que fue el juicio oral que ambos enfrentaron en 2018 y por el cual el 30 de mayo, el “Zurdo” resultó condenado a 9 años de prisión, como organizador de comercio ilícito de estupefacientes; y su esposa a 4 años y medio, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de drogas.

Para los jueces Barbará y Pineda, “existen al menos dos negocios que se habrían concretado con relación a los imputados” Lescano y Bugnon. La afirmación responde a los agravios planteados por los abogados defensores Néstor Oroño -por Bugnon- y José Ignacio Mohamad -por Lescano-, quienes cuestionaron que el procesamiento “es una mera repetición de las manifestaciones vertidas por el fiscal (Walter Rodríguez) en su presentación del 25 de julio de 2017”. Y reprocharon la sanción patrimonial impuesta por el juzgado, que embargó por $ 2.000.000 a cada uno de los imputados; así como la falta de acreditación acerca de cuándo fueron adquiridos los bienes atribuidos a Flores y Villarroel.

Complejo de cabañas

En el caso de Oroño, expuso que no existe en la causa ningún antecedente que relacione la actividad de Bugnon con cada uno de los bienes detallados en la imputación, excepto la frustrada intermediación para la adquisición de un complejo de cabañas en Sauce Viejo. Mientras que su colega Mohamad refirió que dicha compra se vio frustrada por causas ajenas a los sujetos intervinientes en la operación y que no se materializó el pago de la comisión inmobiliaria que les correspondía por la participación en esa gestión.

Luego, las defensas coincidieron en que si bien de las escuchas se desprende que ambos hablaban de “intentar asegurar la plata”, “lo nuestro” o “la comisión” en referencia al complejo de cabañas, no existen constancias que acrediten dicho cobro.

Sin embargo, para la Cámara Federal de Rosario surge que en el allanamiento de la firma Habitar Negocios Inmobiliarios de bulevar Gálvez al 1700 -de Bugnon y Lescano- “se secuestró documentación de operaciones inmobiliarias efectuadas por Villarroel. Entre ella un documento supuestamente firmado por el nombrado, identificado como ‘Reserva compra de inmueble’, en el que se estableció que Graciela Bugnon recibió U$ S 15.000 el 15 de octubre de 2015 para ofertar precio y condiciones de pago para adquirir un inmueble ubicado en Sauce Viejo”.

Negociaciones previas

Además, los camaristas tomaron los dichos del juez de primera instancia, quien sostuvo que “aunque no se haya concretado el negocio de las cabañas en Sauce Viejo -o al menos no con la intervención de Bugnon y Lescano-, ellos sí participaron en operaciones en las cuales Villarroel se desprendió de bienes para alcanzar ese objetivo -etapa inicial de las negociaciones-, como ser la venta de los camiones de las que se da cuenta en las comunicaciones telefónicas antes indicadas”.

En tanto de las escuchas telefónicas del 23 de mayo de 2016 surge que “Lescano llegó a interactuar como prestanombre o testaferro sobre la adquisición de un tractor de Villarroel por medio de un boleto en el que Lescano figura como adquirente”, señalaron desde la Alzada.

Por último, también se expidieron sobre los embargos de $ 2.000.000 para cada uno, aduciendo que en su momento el Ministerio Público Fiscal efectúo una valuación aproximada de $ 8.616.238 de los bienes que habrían sido objeto de las conductas de lavado, la cual supera incluso el monto establecido por la Justicia como resguardo.

El capo narco de Alto Verde

El 20 de marzo último la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -Liliana E. Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques-, confirmó la condena a 9 años de prisión para Sergio Norberto Villarroel, como organizador del delito de tráfico de estupefacientes. Para los magistrados de la segunda instancia judicial, era “incuestionable la existencia de una estructura dedicada al tráfico ilegal de estupefacientes” forjada desde un punto estratégico del distrito costero de Alto Verde.

Entre los argumentos utilizados, los camaristas hicieron referencia al desproporcionado crecimiento patrimonial del matrimonio. “Independientemente de la investigación sobre lavados de activos en trámite en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, ese movimiento económico resulta indicativo de posibles maniobras de reciclajes de beneficios económicos que no pueden lógicamente atribuirse al producto de los comercios que ostentaba”, dijeron.

El “Zurdo” se hizo conocido en su barrio, al tomar la presidencia del Club Defensores de Alto Verde, donde se erigió como “benefactor” de los más chicos. Todos coinciden que durante su gobierno, el club vivió su momento de mayor esplendor. Pero además, Villarroel ostentaba el doble rol de dirigente deportivo y de empresario local, como dueño de la única señal de cable del distrito costero, ofreciendo un servicio de televisión accesible para los habitantes.

Con el paso del tiempo, se supo que la empresa que regenteaba en un marco de absoluta ilegalidad ante los órganos de control nacionales, era sólo una pantalla para disimular un negocio mucho más productivo: el narcotráfico a gran escala.

Su caída está fechada el 10 de diciembre de 2016, cuando tras una ardua investigación dirigida por el fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez, se ordenaron más de veinte allanamientos, que incluyeron al distrito de Alto Verde, pero también una quinta en Villa California, departamentos, comercios y hasta una empresa dedicada a negocios inmobiliarios en Santa Fe, entre otros.

Villarroel fue condenado el 30 de mayo de 2018 por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, del Tribunal Oral Federal local. El fallo alcanzó a su pareja Débora Flores (4 años y medio de prisión), así como a otros tres hombres que formaban parte de su organización Luis Alberto González, Cristian Leonardo Gamarra y Martín Andrés Beilis.

Casas, autos y cheques

Los bienes descubiertos a Villarroel y su pareja Flores están conformados por cuatro inmuebles (un galpón en Sauce Viejo; una casaquinta en Villa California, Rincón; un departamento en el partido bonaerense de San Martín; y una casa en el country los Molinos); y quince vehículos de diferentes características: Un tractor John Deere 2850 100 HP; un Mercedes Benz L 1117/48; una Ford Ecosport 2.0L XLS 4x2; una camioneta Toyota Hilux SW4; dos camiones Iveco 17250 y Volkswagen 18310; una cupé BMW Z-4; un BMW 325; un auto Citröen C-3; otra camioneta Toyota Hilux; un Suzuki Gran Vitara; un auto Honda FIT LX; otra Ford Ecosport; un vehículo marca Renault; y una lancha con motor Yamaha. Además, el día de su detención se secuestraron desde su domicilio casi medio millón de pesos en efectivo y cheques. Un patrimonio que en total fue valuado por la Justicia en $ 10.615.020 (tomando el valor de venta del dólar en el BCRA el día en que se producen los allanamientos, 10 de diciembre de 2016).