Debía investigar narcotráfico pero vendía cocaína en Laguna Paiva

El Fiscal Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio para un policía que prestaba servicios en la Dirección de Investigación en lo Criminal sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) provincial. Lo acusa de haber enviado un correo electrónico con una denuncia anónima y falsa, para generar desconcierto en las autoridades judiciales que tiene a su cargo la persecución de conocidos narcotraficantes. Pero además, le atribuyó la tenencia para la comercialización de 667 gramos de cocaína, incautados en su casa de Laguna Paiva.

Aunque oriundo de la ciudad de San Justo, Carlos Ariel Rodrigo, de 41 años y de ocupación policía, se encontraba radicado en la localidad de Laguna Paiva, en una vivienda de la calle Catamarca 884, donde el 25 de noviembre del año pasado la Policía Federal Argentina (PFA) incautó 667 gramos de cocaína, además de balanzas de precisión y elementos de corte, propios de quien se dedica a la venta de estupefacientes. Además, se secuestraron 3 teléfonos celulares que corroboraron el accionar ilegal del uniformado, y otros equipos informáticos de interés para la causa.

El allanamiento se produjo en simultáneo con otro mucho más llamativo, público y notorio, que fue la irrupción en la base operativa de la Brigada de Drogas de Santa Fe en el sur de la ciudad, en cercanías del club Cilsa.

Seguir indagando

Además, el requerimiento fiscal apunta a la formación de causa por separado, para determinar responsabilidades en la escala jerárquica, de quienes pudieron haber instado a su subalterno Rodrigo a enviar la nota anónima y falaz. Pero también para que aquellos eslabones de la cadena del tráfico que surgen del análisis de las conversaciones de chats entre el policía y otros interlocutores civiles.

Por último, el fiscal consideró necesario, que se comunique de lo actuado al Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo de Jorge Lagna, para que tome medidas en consecuencia.

Según refiere el Ministerio Público Fiscal en su escrito del 12 de abril último, la investigación se inició el 10 de junio de 2021, a las 21.05, luego de que ingresara a la casilla de correo electrónico oficial de dicha fiscalía, una carta denunciando todo tipo de entramados de corrupción y protección a conocidos narcos del norte de la ciudad de Santa Fe, por parte de funcionarios judiciales en presunta connivencia con un sector de la policía.

La pista informática

El escrito, que daba cuenta de cierto conocimiento propio de la "inteligencia policial", hizo sospechar al fiscal Rodríguez acerca de las intenciones reales de hacer llegar a sus oídos versiones verosímiles, pero a la postre descartadas por falsas.

La dirección utilizada fue ccaramelito3@gmail.com, la cual fue creada con el único propósito de enviar ese e-mail y luego eliminada, con la intención de borrar rastros y no ser descubiertos.

Con la premura del caso, el Dr. Rodríguez solicitó intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del MPF, quienes gestionaron, a través de Google LLC, la información necesaria para dar con el número de IP desde el cual fue creada la cuenta del anónimo, que tras su utilización fue eliminada pocas horas después.

Por su parte, la empresa Telecom Argentina S.A. aportó que la IP desde la cual se había creado y eliminado la casilla de mail, se encuentra asignada al cliente Carlos Ariel Rodrigo, cuyos datos fueron adjuntados en el informe.

Medio kilo de cocaína

La investigación siguió su curso, hasta el 25 de noviembre de 2021, cuando los federales fueron en busca de los dispositivos electrónicos utilizados a tal fin, con el agregado que en la vivienda encontraron una importante cantidad de estupefacientes en su poder.

Por ello el fiscal Rodríguez pidió al juez federal actuante que se eleve la causa a juicio bajo los cargos de "encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por su calidad de funcionario público; atentado contra la autoridad -impedimento o estorbo de un acto funcional- e incumplimiento de los deberes de funcionario público -el que dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes-, todos ellos en concurso ideal". También por infracción a la ley 23.737 "en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por su la calidad de funcionario público encargado de la persecución de delitos-, en concurso real con los anteriores".

Desvío y desconcierto

En efecto, el fiscal Rodríguez sostuvo que "de la literalidad del texto (de la denuncia falsa), es posible inferir que la exposición de hechos realizada en ese escrito tenía consignado un ardid dirigido a desviar actuales investigaciones en curso, esencialmente al denunciar hechos de extrema gravedad institucional en la medida que justamente atribuía tales conductas a distintos funcionarios públicos encargados del buen funcionamiento del servicio de justicia, entre otras disciplinas".

Además, señaló que "debe ser valorado objetivamente como una noticia con capacidad suficiente para generar desconcierto en su destinatario, aun cuando más adelante se haya comprobado la falsedad de tales afirmaciones ante la elocuencia de la prueba documental aportada" por el funcionario injustamente aludido.