En el lugar, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “a trece días de la entrada de vigencia de la ley provincial de microtráfico, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía, en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefaciente en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”.