¿Quién destinó a Santa Fe a los policías detenidos por complicidad con narcos?

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¿Cómo llegaron a Santa Fe tres de los seis policías federales detenidos hace un mes, acusados de dar cobertura a narcotraficantes locales? ¿Dónde estaban antes y por qué fueron pasados a disponibilidad en 2017 y luego reincorporados a la fuerza? ¿Qué superior autorizó los traslados para que continúen juntos su carrera? Los interrogantes son parte de la trama desconocida que está detrás de los procesamientos dictados a fines de mayo y por lo cual la cúpula de la Policía Federal Argentina sufrió un cimbronazo en nuestra provincia y la Región Centro.

En lo formal, la respuesta la aportó el titular de la fuerza a nivel nacional, el comisario general, Néstor Roncaglia, al atribuir como “fallas en el control de gestión de los subalternos” al jefe de la delegación Rosario de la PFA, Gustavo Ghiglione; y al jefe de la Región Centro con sede en Córdoba, Guillermo Guardia. Ambos quedaron en disponibilidad -aunque no se encuentran comprendidos en causas penales-, luego de que el 9 de mayo media docena de federales que trabajaban en la delegación Santa Fe de PFA, entre ellos el jefe, fueran detenidos por graves acusaciones vinculadas al narcotráfico.

Ese día, los juzgados federales N° 1 y 2 de Santa Fe ordenaron una decena de allanamientos simultáneos, en función de dos investigaciones que tramitan por separado los fiscales Gustavo Onel (Fiscalía Federal N° 1) y Walter Rodríguez (Fiscalía Federal N° 2), que como patrón común, sospechaban de la connivencia de un pequeño sector de la fuerza con narcos locales.

Procesamientos

Por un lado, el fiscal Onel pidió las detenciones del inspector Cristian Pablo Bogetti; el cabo 1ro. Lucas Leonel Bustos; y el cabo Darío Alberto Duarte -los tres oriundos de Córdoba e integrantes de la Brigada de calle-, quienes el 24 de mayo fueron procesados con prisión preventiva por el juez Reinaldo Rodríguez (Federal N° 1) por los delitos de “encubrimiento tríplemente agravado -por tratarse de un delito especialmente grave, por su condición de funcionarios públicos y por el ánimo de lucro-; y por incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se les trabó embargo de $ 300.000 para cada uno.

Unos días después, el 30 de mayo, el juez Francisco Miño (Federal N° 2), dictó el procesamiento para el resto de los detenidos, entre ellos, el ex jefe de la delegación Santa Fe de PFA, Marcelo Octavio Lepwalts; y los numerarios Michael Juan Arbildo y Carlos Fernando Gómez Navarro; pero también para Bogetti, por los delitos de “falsedad ideológica de documento público”; “sustracción de elementos probatorios”; “encubrimiento agravado triplemente calificado”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, “cohecho”, “falso testimonio” y “tenencia simple de estupefacientes”, con prisión preventiva. En tanto Duarte y Bustos sólo por “tenencia simple de estupefacientes”.

Los cordobeses

En el primero de los casos, el fiscal Onel acusó a los tres policías cordobeses de haber prestado cobertura a un clan narco del barrio Nuevo Horizonte al que debían investigar. Un anónimo dirigido al jefe máximo de la PFA, obligó al comisario Roncaglia a viajar a Santa Fe para hacer la denuncia este verano. Del informe de Asuntos Internos de la PFA surgen evidencias de cámaras de video privadas en las que se advierte el vínculo entre policías y narcos, manteniendo un trato que, a los ojos de la Justicia, luce por lo menos “impropio” e “inadmisible”.

Pero lo llamativo del caso fue que de las actuaciones, surge que tres de los uniformados (Bustos, Bogetti y Duarte) ya habían sido investigados y pasados a disponibilidad el 3 de abril de 2017 cuando trabajaban en la delegación de PFA de Villa María, Córdoba, por similar causa que la actual. Hasta que el 23 de marzo de 2018 recuperaron la placa y fueron enviados a Santa Fe, juntos, y nada menos que a la Brigada dedicada a tramitar causas de drogas en Santa Fe. Resulta por lo menos “llamativo”, dijo el juez Rodríguez, que tras archivarse la denuncia en su contra, los tres hayan sido reasignados a Santa Fe por sus superiores, ahora en disponibilidad.

Protección y mentira

La causa se inició el 19 de febrero, a partir de un informe de Asuntos Internos de la PFA, por una denuncia anónima dirigida al jefe Néstor Roncaglia, que decía que “en Santa Fe funcionaban mafias con la venta de drogas en los barrios” y puntualmente señalaba a un grupo de efectivos de la fuerza federal que protegían a narcos a los que les cobraban para luego proporcionar falsos informes a las autoridades. Además, la acusación contó con un video de respaldo, en el que puede verse a algunos de los policías, estrechando manos y abrazos con miembros de un clan narco que estaba siendo investigado.

Previamente, el 24 de septiembre de 2018, uno de los ahora acusados (Bustos) relató que llegó a su trabajo y se encontró con una carta anónima en la que se denunciaba la venta de drogas por parte de esas personas. Se labró un acta que lleva las firmas de Bogetti y del jefe de la delegación Lepwalts y el 1° de octubre siguiente el fiscal Onel solicitó se investigue a tres sujetos por la venta de drogas en el barrio Nuevo Horizonte. Sin embargo, la pesquisa encomendada a los federales no prosperó.

“No quiero volcar”

Este verano se ordenó una veintena de intervenciones telefónicas, de las que surgieron más vínculos entre policías y el mundo delictivo. A punto tal que uno de los teléfonos utilizados por los “azules” tenía contacto con una mujer apodada “La Turca”, con causa por comercio de drogas en Rafaela, quien además es una conocida “pasadora de drogas” en las cárceles, la cual se jactaba de contar con el aval de un “Federico” (nombre que se le da en la jerga a los policías federales) para trabajar sin sobresaltos.

La nota final y categórica para desbancar a la Brigada y la jefatura santafesina fue el hallazgo de 88 bochas de cocaína en el baño de la delegación de calle San Martín, droga que no había sido oficializada, pero que se sospecha, pertenecía a un narco que vendía autos en la ciudad de Esperanza, que quedó detenido junto al resto de los federales (Lepwalts, Arbildo y Gómez Navarro), en este caso en el marco de la investigación emprendida por el fiscal Rodríguez.

Por último, existe una escucha que da crédito a todo lo investigado y refiere a los dichos de un ex compañero de los policías corruptos, quien al advertir ciertas irregularidades pidió el pase a otra delegación del país, porque hay gente que quiere “agarrar la curva a 120” y “yo a esta altura no quiero volcar”, dijo.

El caso del vendedor de autos

El día de los allanamientos a la sede de la PFA santafesina la Justicia Federal también ordenó allanar una serie de domicilios pertenecientes a un presunto narco, que trabajaba en una agencia de autos de la ciudad de Esperanza. El juez Francisco Miño autorizó el ingreso de la fuerza pública a una concesionaria ubicada en Ruta 70 y calle Storni de la vecina ciudad, donde trabajaba Guillermo Alberto Krenc, quien se encuentra detenido y procesado por los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”; “cohecho” y “tenencia simple de arma de guerra sin autorización”. También fue inspeccionado el departamento de su madre, en calle Güemes al 7300 de Santa Fe; y una casa del barrio Caima en Desvío Arijón -departamento San Jerónimo-, donde vivía Krenc.

El supuesto narco, conocido por el apodo de “Lucho”, estaba siendo investigado desde el primer trimestre de 2018 a partir de una denuncia por venta de cocaína. Al igual que en el resto de los casos, la pesquisa no había arrojado resultados positivos. Hasta que el 4 de abril último, fue detenido en un procedimiento realizado por la Brigada de la PFA en un control de rutina en el cruce de las rutas 70 y 5 (camino a Empalme San Carlos).

Esa tarde el sospechoso iba a bordo de una camioneta Nissan Frontier y en su poder se secuestraron 80 gramos de cocaína, dos celulares y tres mil pesos. Se cree que los policías comunicaron un hecho diferente al realmente ocurrido, e insertaron en el acta datos falsos para mejorar la situación del sospechoso, en cuanto a la cantidad de droga y los teléfonos incautados.

Por eso, el fiscal Walter Rodríguez acusó a los policías Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro como quienes permitieron a Kernc continuar el negocio. A punto tal que el 8 de abril uno de los celulares le fue devuelto en la costanera a cambio de una coima cuyo monto se desconoce (se cree que en ese teléfono tenía la lista de acreedores e información delicada); y también le ofrecieron protección a cambio del pago de una suma mensual, que rechazó.

Si bien durante su indagatoria Kernc dijo no vender drogas y se presentó como un consumidor, en la casa de Caima donde lo detuvieron nuevamente el 9 de mayo, la policía incautó otros 250 gramos de cocaína; $ 685.000; U$ S 1.800; una pistola 9 mm con 50 balas (con puntas de teflón, punta hueca y convencionales).

Además de Kernc, el juez Miño procesó a Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro por “falsedad ideológica de documento público”; “sustracción de elementos probatorios”; “encubrimiento agravado triplemente calificado”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”; “cohecho”; “falso testimonio” y “tenencia simple de estupefacientes”. También fueron procesados Duarte y Bustos por “tenencia simple de estupefacientes” por los 40 gramos de cocaína que aparecieron en el baño de la delegación.