Fianza para sindicalista acusado de abuso

Un sindicalista santafesino de 60 años deberá cumplir con múltiples requisitos para recuperar su libertad, entre ellas una fianza de $ 500.000, luego de que se lo detuviera por abuso sexual. El juez de la IPP, Octavio Silva, le impuso las medidas alternativas a la prisión preventiva luego de dar por acreditados los hechos imputados.

La fiscal María Celeste Minniti le atribuyó el sábado el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante calificado", que tiene una pena mínima de 8 y una máxima de 20 años de prisión, y adelantó en la audiencia de medidas cautelares que se podría ampliar la imputación con la "promoción a la corrupción de menores agravada".

Julio César R., que tiene 60 años, está acusado de haber abusado de una niña desde que tenía 11 y hasta los 16 años, de manera "reiterada y persistente".

La joven, que ya es mayor de edad, pertenecía al círculo más cercano del imputado y logró radicar la denuncia recién los primeros días de septiembre, cuando ya había logrado distanciarse del sindicalista. Los abusos habrían comenzado en un camping del gremio que representa, ubicado en Colastiné Norte, cuando el complejo estaba a su cargo.

Libertad

Haciendo usos de su derecho, Julio Cesar R. declaró este miércoles: "Soy inocente, no entiendo lo que está pasando". Después se dedicó a explicar una serie de hechos que no tienen ningún tipo de relación con los delitos que se le imputan y que, a su entender, habrían motivado a la víctima a realizar la denuncia.

El abogado Ignacio Alfonso Garrone atacó la atribución realizada por la fiscalía y la calificación legal escogida, ya que a su entender "en el peor de los casos podríamos estar hablando de abuso sexual simple" reiterado. Propuso, por ende, diversas medidas alternativas a la cautelar de máxima.

Vida íntima y exposición

El juez Octavio Silva acreditó los hechos, la posible autoría y la calificación utilizada por la fiscalía. "Entiendo que difícilmente una mujer tan joven exponga situaciones de su vida íntima que son humillantes, dado que revelan abusos sexuales, con todo lo estigmatizante que ello implica para cualquier mujer y sobre todo cuando involucra a personas que integran su núcleo cercano" sin tener ningún tipo de "asidero en cuanto a su certeza".

Sin embargo, también "entiendo que los riesgos procesales que ha expresado la fiscalía -entorpecimiento probatorio y fuga- pueden ser neutralizados con las medidas cautelares no privativas de la libertad propuestas por la defensa".

En ese sentido, el magistrado impuso al detenido la fijación de un domicilio y un guardador, la prohibición para salir de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina -por lo que se oficiará a la Dirección Nacional de Migraciones-, la prohibición de contacto con la víctima y prohibición de acercamiento a menos de 1 kilómetro de la denunciante, la prohibición de tener y portar armas de fuego y por último, una fianza de $ 500.000 a ofrecer por un tercero. La orden de libertad al sindicalista quedó supeditada a que se cumpla con el último de los requerimientos.