Imputaron al dueño de la granja ilegal de Desvío Arijón

El dueño de la granja ilegal de animales silvestres de Desvío Arijón, ubicada a la vera de la Ruta Nacional N° 11, fue imputado y tramita la causa en libertad. El docente había sido detenido en septiembre, cuando se allanó el predio.

Eduardo H. fue imputado por el fiscal del departamento San Jerónimo, Marcelo Nessier, en la sede de la Fiscalía ubicada en Coronda, como autor de "almacenamiento de animales de fauna silvestre", "tenencia ilegítima de arma de fuego" y "resistencia a la autoridad". Es la segunda vez en lo que va del 2022 que se lo imputa, la primera fue en marzo, también por la posesión ilegal de este tipo de animales.

La atribución delictiva señala que el docente almacenó animales de fauna silvestre entre el 12 de mayo de 2021 y el 14 de septiembre de 2022, en el predio rural ubicado sobre RN 11 km 432 de la localidad de Desvío Arijón.

Indica que en la granja ilegal había 5 chajás, 16 carpinchos, 2 caranchos, 9 coipos, 2 lobos de río, 1 cuis, 3 perdices, 3 cotorras, 1 zorrino, 2 ñandúes, 5 zorros, 4 coscorobas, 75 patos silvestres, 8 tortugas de agua, 1 inambú, 1 chiflón, 8 jabalíes, 7 gatos monteses, 2 pumas (uno adulto y el otro cachorro), 2 lechuzas de campanario Tito Alba y 1 aguará guazú adulto.

Algunas de estas especies están en peligro de extinción y son especialmente protegidas por la legislación nacional y provincial vigente, señala la imputación, que además advierte que la granja no contaba con la debida autorización ni habilitación. Esta debe ser tramitada ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Dentro de la imputación, se atribuyó a Eduardo H. "haber puesto los animales en el comercio, al cobrar sumas de dinero al público para ingresar al predio", así como la tenencia de dos armas de fuego.

La denuncia

El 26 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recibió un correo electrónico proveniente de la Municipalidad de Gálvez en el que una persona decía que había visitado una granja en la que, tras abonar una entrada de $ 1000 observó, junto a su familia, animales cuyo cautiverio está prohibido. A través del escrito, solicitaba información acerca de la habilitación del predio para funcionar como una reserva de animales.

Esto dio origen a la investigación judicial, ya que se envió un oficio a la fiscalía. En el mismo, se nombran algunas de las especies prohibidas que estaban en el predio, y se informaba que esos animales están especialmente protegidos y no pueden estar en cautiverio.

Esto derivó en el allanamiento realizado a mediados de septiembre, que tomó estado público. La mayoría de los animales fueron trasladados a la Granja La Esmeralda, y aquellos que no pueden estar en cautiverio, liberados.