Qué pasó con los reclusos que provocaron la Masacre de Coronda

A dos décadas de la Masacre de Coronda, un recorrido por el derrotero judicial que terminó con la condena a nueve reclusos. El largo y complejo proceso buscó esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los autores de los 14 homicidios ocurridos aquel 11 de abril de 2005.

La investigación se centró en identificar a los presos que participaron activamente en la matanza perpetrada en el interior de la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda, ubicada a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Lo ocurrido fue una matanza selectiva y organizada, enmarcada en un motín. El número de víctimas la convirtió en la masacre más grande de la historia reciente de las cárceles de la Provincia de Santa Fe.

Los condenados

Tras una exhaustiva recolección de pruebas y testimonios, la causa fue elevada al juez de Sentencia N°4, Mauricio Frois, quien dictó su veredicto en diciembre de 2008. El magistrado encontró culpables a nueve de los quince internos que llegaron a juicio, estableciendo distintos grados de participación en los crímenes.

Seis reclusos recibieron la pena máxima, de prisión perpetua, por su rol como coautores de los delitos de "privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito” y “homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en catorce oportunidades en concurso real".

Se trató de Oscar “Loco” Gutiérrez, Luis Romero, Carlos “Tuerto” Aranda, Ariel Rojas, Rodrigo Romero y Juan Pablo “Chino” Masa. La Justicia determinó que ellos tuvieron un papel fundamental en la planificación y ejecución de la masacre, actuando con premeditación y aprovechándose de la indefensión de las víctimas.

Además, otros tres internos -Rafael Lemaire, Juan Pablo Cantero y Marcelo Enrique- fueron condenados a penas de 10 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito".

Si bien su participación fue considerada de menor grado en comparación con los autores materiales de los homicidios, se determinó que fueron parte del plan y contribuyeron a la privación de libertad de las víctimas. El juez Frois declaró a los nueve condenados como reincidentes, lo que agravó aún más su situación procesal.

Por venganza

Un aspecto crucial que se develó durante el juicio fue el verdadero móvil de la masacre, que distaba de la versión inicial que hablaba de una disputa territorial entre presos santafesinos y rosarinos.

A través de los testimonios de los propios internos, se comprobó que la matanza fue una venganza por la reiterada ruptura de los códigos carcelarios por parte de los reclusos rosarinos asesinados.

Según las declaraciones, las víctimas molestaban a las visitas de otros internos, les robaban sus pertenencias e incluso se llegó a mencionar el abuso sexual a mujeres familiares de los detenidos santafesinos, lo que generó una profunda indignación y el deseo de venganza por parte de los agresores.

Uno de los reclusos, Juan José "Gareca" Alzugaray, quien era rosarino pero participó junto a los santafesinos, confirmó que la motivación principal no fue la rivalidad geográfica, sino el castigo por la violación de las normas internas del penal.

Hasta la Corte

Las condenas impuestas por el juez Frois no estuvieron exentas de controversia y fueron objeto de apelaciones por parte de las defensas y la fiscalía. En particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino años después, en 2015, dejando firmes las condenas a prisión perpetua de Ariel Rojas y Rodrigo Romero, desestimando los últimos recursos presentados por sus abogados.

La causa judicial contra los reclusos no solo permitió identificar y condenar a los autores materiales de los crímenes, sino que también arrojó luz sobre el complejo y a menudo violento mundo de las cárceles, donde códigos no escritos rigen la convivencia y cuya transgresión puede tener consecuencias fatales.