Masacre de Coronda: la investigación a penitenciarios y funcionarios públicos

La Masacre de Coronda no sólo generó horror e indignación por la brutalidad de los crímenes, sino que sumió en un manto de sospechas las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados tanto directa como indirectamente en el motín ocurrido el 11 de abril de 2005.

A la par del proceso seguido a un grupo de reclusos, se montó una investigación judicial cuyo objetivo era determinar el grado de responsabilidad de los agentes penitenciarios y funcionarios públicos. La misma concluyó sin que se dictaran condenas.

A pesar de las serias dudas iniciales y los cuestionamientos sobre la actuación del personal de la Unidad Penitenciaria N°1, la Justicia finalmente absolvió a los imputados, generando controversia y críticas por parte de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Funcionarios procesados

Tras la masacre, se abrió una segunda causa judicial con el objetivo de investigar si los agentes que estaban de guardia durante la revuelta y la cúpula del penal habían incurrido en algún tipo de negligencia o complicidad que pudiera haber facilitado la matanza.

Eduardo Marchesín y Oscar Yosviak, los dos guardiacárceles que fueron tomados como rehenes por los internos amotinados, fueron inicialmente procesados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo, agravado en catorce oportunidades, en concurso ideal".

Asimismo, el entonces jefe del penal, Oscar Mansilla, fue acusado de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, con homicidio culposo en cuatro oportunidades", en referencia a las muertes ocurridas en el pabellón 1. El subjefe, Carlos Monti, también fue procesado por "homicidio culposo agravado en cuatro oportunidades en concurso ideal".

Cortar por lo más delgado

Los procesamientos generaron expectativas respecto a la posible existencia de responsabilidad del Estado en la masacre. Sin embargo, en un fallo que generó gran polémica, el 28 de septiembre de 2012, el juez Dardo Rosciani absolvió de culpa y cargo a los cuatro funcionarios penitenciarios.

El magistrado fundamentó su decisión cuestionando duramente el funcionamiento del Servicio Penitenciario, al que calificó de "desquiciado", y señalando que no se habían cumplido los requisitos constitucionales.

En su argumentación, Rosciani criticó la tendencia a buscar el "hilo más delgado" para imputar responsabilidad en casos de magnitud, dejando entrever que la culpa principal recaía en las fallas estructurales del sistema penitenciario antes que en la actuación individual de los agentes en medio de una situación caótica.

“Cuando algo grave ocurre, en cualquiera de los ámbitos públicos, se intenta hacer prevalecer el viejo dicho que el hilo se corta por lo más delgado. Al menos en este caso, no formaré parte de la tijera inmoral que hace vigente dicho refrán”, sostuvo el magistrado.

Sin responsabilidad institucional

Previamente, en el marco de la misma investigación, el juez Darío Sánchez había determinado la inocencia de otros 11 funcionarios y oficiales penitenciarios, incluyendo al entonces director del Servicio Penitenciario santafesino, Fernando Rosúa.

A pesar de que durante la investigación surgieron testimonios que sugerían que los guardias podrían haber facilitado el accionar de los presos o incluso haber sido advertidos de la inminente masacre, la Justicia no logró reunir pruebas contundentes que permitieran establecer una responsabilidad penal directa del personal penitenciario en los asesinatos.

La absolución de los penitenciarios y funcionarios generó críticas y un sentimiento de impunidad entre los familiares de las víctimas, para quienes el Estado tenía la obligación de garantizar la seguridad de los internos bajo su custodia. Organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación por la falta de responsabilidad institucional en un hecho de violencia tan extrema.

Si bien se implementaron algunas medidas como la designación de directores civiles en las cárceles, la reducción de la población carcelaria en Coronda y cambios edilicios para mantener separados a los reclusos rosarinos y santafesinos, la sensación de que la cadena de responsabilidad no llegó hasta las más altas esferas del sistema persistió.