A cuatro años del crimen que conmocionó al país, la aplicación de la Ley Lucio sigue en discusión

Este 26 de noviembre se cumplen cuatro años del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de Santa Rosa, La Pampa cuyo caso sacudió al país y derivó en la condena a prisión perpetua de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.

El crimen expuso fallas institucionales y motivó la creación de la Ley Lucio, sancionada para mejorar la detección y prevención de situaciones de violencia contra niños y adolescentes.

A lo largo de estos años, la familia insistió en que el avance normativo debe trasladarse a la práctica cotidiana y reclamó que la ley “se cumpla en todos los ámbitos”, especialmente en las áreas que intervienen en la protección de infancias vulnerables.

El reclamo del padre y las causas pendientes

Recientemente, Christian Dupuy, el padre del niño, volvió a expresar públicamente su dolor y afirmó que continúa exigiendo justicia. Recordó que antes de su muerte, Lucio había sido atendido en centros médicos por lesiones previas que no fueron investigadas, señalando que esa omisión marcó uno de los puntos más graves del caso.

Aunque la condena por homicidio ya está firme, siguen abiertas investigaciones paralelas por presunto incumplimiento de funcionarias, agentes y profesionales que intervinieron en el seguimiento del menor. Para la familia, esos expedientes son clave para determinar responsabilidades institucionales y evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

Lo que reveló la autopsia

El informe forense describió un cuadro de violencia extrema. Lucio presentaba lesiones múltiples, golpes, mordeduras y quemaduras, incluso en zonas íntimas. También se acreditaron abusos sexuales de distintas fechas y un politraumatismo final que provocó su muerte.

La crudeza de los hallazgos reforzó el impacto social del caso y aceleró los debates legislativos sobre protección y detección temprana de maltrato infantil.

Una ley que busca su implementación plena

La llamada Ley Lucio fue aprobada en el año 2023 y estableció formación obligatoria, permanente y sistemática para funcionarios de los tres poderes del Estado que trabajan con infancias. También dispuso el fortalecimiento de protocolos de denuncia y la mejora de la articulación entre organismos provinciales y nacionales.

Aunque la normativa fue reglamentada mediante decreto y ya está vigente, familiares del niño y organizaciones vinculadas a los derechos de la niñez advierten que la aplicación efectiva todavía es desigual. La capacitación, la estandarización de alertas y la detección temprana continúan como desafíos para que la ley tenga impacto real en la prevención.