Este lunes comienza el juicio por la desaparición de Maxi Sosa

Este lunes 8 de febrero en los Tribunales Federales de Santa Fe comienza el juicio por la desaparición de Maximiliano Sosa, quien fue visto por última vez en la ciudad de Ceres el 21 de diciembre de 2015.

Por el hecho, está acusada y detenida preventivamente la abuela del menor, Patricia Sayago, y su pareja Ariel Malagueño. Ambos imputados llegan al juicio detenidos con prisión preventiva y procesados por el delito de “sustracción de persona menor de 10 años”.

El juicio contará con la participación de 58 testigos que declararán ante el tribunal conformado por Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello y ante el fiscal general, Martín Suárez Faisal. El fallo se dará a conocer el miércoles 10 de febrero.

El caso

El 15 de diciembre de 2015, Daniela Ángela Sosa llevó a su hijo “Maxi”, de tres años, a la casa de su madre. Se sentía mal y la abuela del pequeño, Patricia Daniela Sayago, le había ofrecido ayuda. Desde ese día nunca más volvió a ver al pequeño, en un caso que estremece desde entonces a toda la provincia de Santa Fe. Rápidamente, corrió el rumor de que la propia abuela había entregado al menor de edad a una red de trata.

La investigación del caso estuvo en un primer momento en manos de personal de la Policía de Investigaciones de la Unidad Regional XII. Se realizaron rastrillajes en toda la zona, entrevistas con familiares y conocidos, peritajes de teléfonos celulares... Ninguna de las actuaciones dio pista alguna sobre el paradero del niño.

Tiempo más tarde, tomó la posta el Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región V. Ante sospechas puntuales, se decidió intervenir las líneas telefónicas de Sayago y de su pareja. Así, el 26 de junio de 2016, se pudo escuchar una conversación entre ellos en la que Malagueño decía que “Maxi” estaba con él, en Montefiore.

La policía demoró en llegar al lugar, porque a la mencionada comuna sólo se puede acceder por caminos de tierra y estaban totalmente anegados en ese momento. Cuando pudieron llegar a la vivienda, los uniformados no hallaron al pequeño, pero sí teléfonos celulares y otros elementos importantes para el caso. Los uniformados encontraron ropa de niño y un medicamento pediátrico, lo que llamó la atención porque en el inmueble supuestamente no vivía ningún chico.

Meses más tarde, la fiscalía provincial planteó la necesidad de readecuar la calificación jurídico legal de los hechos para imputar a los acusados como coautores de “trata de personas”, por lo que promovió la falta de jurisdicción y remitió todo lo actuado a la justicia federal.

El Juzgado Federal de Rafaela delegó la investigación en la fiscalía del doctor Onel, quien dispuso una nueva batería de medidas: declaraciones testimoniales, pericias acústicas y sobre teléfonos celulares y otros dispositivos y más allanamientos. En julio de 2020 pidió la elevación a juicio oral.