Padrastro preso por abuso y madre por corrupción

La jueza en lo penal Susana Luna dictó la prisión preventiva este miércoles para un hombre de 39 años, acusado de abusar de su hijastra menor de edad, a la que además obligaba a hacer todas las tareas de la casa y la golpeaba cuando se negaba. Fue detenido el último domingo, en una vivienda de Santo Tomé, junto a la madre de la víctima, la cual resultó imputada por corrupción de menores y también quedó tras las rejas.

La medida cautelar dictada para Inocencio Eduardo Ramayón, fue solicitada por la fiscal Alejandra Del Río Ayala, en una audiencia llevada a cabo este miércoles en los tribunales locales. En el mismo acto, quedó en prisión preventiva Roxana Beatríz G. (32), madre de la niña.

“Al hombre le atribuimos la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por el vínculo y por la convivencia), en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada (por el vínculo, por violencia y por la convivencia)”, preciso Del Río Ayala. “Por su parte, la pareja del imputado y madre de la víctima, fue imputada como autora del delito de facilitamiento a la corrupción de menores agravada (por el vínculo, por violencia y por la convivencia)”.

“Los delitos que investigamos fueron cometidos en fechas indeterminadas desde 2018 y hasta mediados de este año”, precisó Del Río Ayala. “Ocurrieron en una vivienda ubicada en Santo Tomé, donde convivían los imputados y la víctima”, agregó.

La funcionaria del MPA relató que “el hombre agredió sexualmente a la niña en reiteradas oportunidades aprovechando que vivía en la misma casa y que su pareja le permitía que cometiera los abusos”. Al respecto, sostuvo que “los hechos se produjeron en un contexto de violencia donde además se le exigía a la niña que realizara todas las tareas del hogar”.

Del Río Ayala indicó que “la menor recibía golpes cuando se negaba a hacer lo que le ordenaban y también cuando evitaba ser víctima de las agresiones de su padrastro”.

En relación a la mujer investigada, Del Río Ayala indicó que “la imputada contrarió el deber de protección fundado en el vínculo que tiene con su propia hija”. La funcionaria del MPA agregó que “sabía que su pareja abusaba de la niña, facilitó las circunstancias para que se concreten las agresiones sexuales y permitió que el hombre ejerza una posición de autoridad”.

Del Río Ayala concluyó que “también golpeaba a la niña cuando no obedecía órdenes y le exigía que no le cuenta a nadie lo que ocurría en la vivienda”.

La fiscal valoró “el rol que cumplió la abuela materna de la niña en la investigación. Fue quien realizó la denuncia de lo que estaba viviendo su nieta, lo que nos permitió ordenar inmediatamente distintas diligencias”.