Acusaron a dos peritos de exigir dinero a un condenado por homicidio en Córdoba

Dos peritos oficiales fueron detenidas en la provincia de Córdoba acusadas de haberle exigido dinero a un hombre condenado por homicidio a cambio de elaborar un dictamen favorable. Según la investigación, el monto reclamado habría ascendido a $2.700.000.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple de Río Segundo, que ordenó la imputación y detención de las profesionales tras una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público Fiscal.

La denuncia

La investigación se inició luego de que un abogado denunciara que su defendido estaba siendo presionado por dos integrantes del equipo técnico oficial de Río Segundo. De acuerdo con la presentación judicial, las peritos le habrían exigido el pago de $2.700.000 con la promesa de influir en el resultado de una evaluación clave para su situación procesal.

Según consta en el expediente, el pedido de dinero estaba vinculado a la confección de un informe que podría haber impactado de manera favorable en la resolución judicial del condenado, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía.

Imputación y detención

Como resultado de las actuaciones, la fiscalía dispuso la imputación de la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la asistente social Silvia Patricia Romero, acusadas del delito de exacciones ilegales agravadas.

Tras la recepción de la denuncia, y en articulación con personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa, se logró reunir un volumen significativo de pruebas. Con ese respaldo, en las últimas horas se concretó la detención de ambas mujeres durante un procedimiento realizado en una estación de servicio.

Secuestro de pruebas

Durante el operativo, las autoridades procedieron al secuestro de los teléfonos celulares de las imputadas, los cuales serán sometidos a peritajes en el marco de la causa. Luego de cumplirse los trámites procesales correspondientes, se ordenó el alojamiento de las detenidas en el establecimiento penitenciario que disponga el Servicio Penitenciario.

Desde la fiscalía informaron que la investigación continúa en curso y que no se descarta una ampliación de la imputación en función del avance de las medidas probatorias. El caso generó fuerte impacto en el ámbito judicial local, al involucrar a profesionales que cumplían funciones oficiales dentro del sistema de administración de justicia.