Procesaron a un chofer que transportaba medicamentos "nocivos" en la provincia

Un transportista fue procesado por la Justicia Federal, acusado de "tráfico de sustancias medicinales nocivas en grado de tentativa y en carácter de autor".

La investigación del caso comenzó a mediados del año pasado, cuando el vehículo del acusado cayó en un control de tránsito preventivo establecido por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre la ruta nacional 19, aproximadamente en el kilómetro 1,5, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé.

El operativo se desarrolló el 7 de junio por la tarde. Minutos antes de las 17, los uniformados, del Escuadrón Santa Fe Norte, hicieron detener al conductor de un vehículo marca Peugeot, modelo Boxer.

En el interior del rodado había varias cajas rectangulares de cartón. Fue ahí que el conductor, identificado como Félix José Garofano y domiciliado en San José del Rincón, manifestó en forma espontánea que se trataba de "medicamentos varios" y que no poseía documentación que lo habilitara para efectuar su legal transporte.

Garofano accedió a abrir las cajas y así mostró a los gendarmes los medicamentos e insumos presumiblemente utilizados para el tratamiento de diálisis.

En el informe remitido al fiscal del caso, el doctor Gustavo Onel, consta que durante el procedimiento Garofano manifestó espontáneamente que estaba realizando un flete para un centro de diálisis ubicado en la zona céntrica de la capital provincial. Y que había retirado la mercadería desde distintos domicilios de las localidades de Colonia Silva y San Guillermo.

El chofer también aclaró que realizaba regularmente estos trabajos para la misma clínica, sin documentación respaldatoria, y que nunca había tenido problema. Ese día además explicó que los insumos que trasladaba iban luego a ser reutilizados, algo que días más tarde dijo desconocer durante la indagatoria.

La fiscalía se comunicó con personal de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) y este organismo de control informó que "los mencionados insumos médicos no pueden circular sin documentación que avale su transporte reglamentario, acotando que en caso de que citados medicamentos hayan sido adquiridos por consumidores finales, no pueden ponerse nuevamente en circulación porque violan la 'trazabilidad' que inicia con la producción y finaliza con la adquisición de los mismos por parte de los particulares o consumidores finales, actividad que no puede realizarse a la inversa. En otras palabras, no pueden ser reutilizados".

El funcionario del Ministerio Público Fiscal solicitó más tarde al centro médico aludido que informe si los medicamentos incautados eran de su propiedad y que, en caso afirmativo, remita la documentación que acredite su origen y trazabilidad. Como respuesta, las autoridades del instituto enviaron "cuatro remitos que acreditaban la compra a la droguería de los elementos incautados, no en vinculación con la incautación, sino originariamente, es decir, antes de ser entregados a los pacientes", explicó Onel.

Por otra parte, en el informe elaborado por el Departamento de Inspección de Farmacia de la Primera Circunscripción, consta que varios de los productos incautados se encontraban vencidos. Además, evidentemente algunos de los elementos incautados ya habían sido abiertos o utilizados por pacientes.

El fiscal sostiene en su hipótesis que las sustancias secuestradas iban a ser suministradas a otros pacientes en la ciudad de Santa Fe, violando las normativas vigentes, y que el chofer conocía ese destino.

Con las pruebas reunidas, este lunes el Juzgado Federal N.º 1 a cargo del doctor Marcelo Bailaque resolvió procesar a Garofano.

Este hombre continuará el proceso en su contra en libertad, debido a que el fiscal tuvo en cuenta una serie de factores: no registra antecedentes condenatorios, la pena en expectativa es de ejecución condicional y, al ser citado, el hombre compareció de manera voluntaria.

No obstante, el Juez le impuso una serie de medidas de conducta: la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, y la obligación de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional de cualquier cambio del domicilio.