Revés judicial para los anestesistas del Hospital Italiano: embargos millonarios y prohibición de salida del país

La Justicia dio un paso determinante en la causa que investiga el presunto desvío de insumos críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires, un expediente que mantiene en vilo a la comunidad médica y que cobró relevancia nacional tras conocerse las llamadas "Propofest". En las últimas horas, el juez Javier Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento del anestesista Hernán Boveri y de la exresidente Delfina “Fini” Lanusse, imponiendo embargos que alcanzan los 70 y 30 millones de pesos, respectivamente.

La medida, que no incluye prisión preventiva pero sí la prohibición de salida del país, se fundamenta en el delito de administración fraudulenta. Según se desprende del fallo, los profesionales habrían abusado de su posición jerárquica para eludir los controles de stock del nosocomio y sustraer medicamentos de estricta custodia, principalmente propofol y fentanilo.

Una trama de excesos y descontrol

La investigación, que se inició formalmente el pasado 23 de febrero, tiene un trasfondo sombrío: la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar. El deceso de Zalazar, ocurrido apenas tres días antes del inicio de esta causa, fue el hilo que permitió desenterrar una supuesta red de distribución de fármacos para uso recreativo en eventos privados.

"El magistrado atribuye a Boveri un 'rol protagónico' debido a su jerarquía y la facilidad de acceso a los depósitos, mientras que Lanusse es señalada con una participación secundaria en la maniobra", confiaron fuentes judiciales en diálogo con este medio. El período bajo la lupa se extiende desde el año 2023 hasta febrero de 2026, aunque el volumen total de lo sustraído aún es materia de peritaje, dado que la institución médica todavía no ha finalizado el arqueo definitivo de su material.

Restricciones y futuro procesal

A pesar de la gravedad de los cargos, ambos procesados continuarán el proceso en libertad, aunque bajo estrictas normas de conducta. Además de la inhibición de bienes para cubrir los millonarios embargos, el juez dispuso que se mantenga la restricción de contacto entre ambos por un plazo determinado, buscando evitar cualquier entorpecimiento en la recolección de pruebas remanentes.

Desde el entorno de la investigación aseguran que los testimonios recopilados en el expediente —muchos de ellos provenientes de colegas y personal del hospital— han sido "determinantes" para comprometer la situación de los imputados. Lo que comenzó como una sospecha de hurto derivó en una figura penal más compleja, que pone el foco en la defraudación a la confianza y los recursos de una de las instituciones de salud más importantes del país.

El impacto en la salud pública

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los controles internos en el manejo de drogas peligrosas. El propofol, un hipnótico de acción corta, requiere una administración profesional y un seguimiento riguroso; su desvío hacia ámbitos no clínicos representa no solo un delito económico, sino un riesgo latente para la vida.

Mientras la causa principal avanza hacia la etapa de juicio, quedan abiertas las investigaciones paralelas por las muertes de Zalazar y del enfermero Eduardo Bentancourt, hechos que, si bien se tramitan en expedientes separados, forman parte del mismo ecosistema de irregularidades que hoy tiene a Boveri y Lanusse en el centro de la escena judicial.