Operativos en establecimientos rurales del norte que explotaban a trabajadores

Sorpresivos operativos se realizaron esta semana en el norte de la provincia de Santa Fe, en el departamento 9 de Julio, donde decenas de trabajadores de dos establecimientos agropecuarios desempeñaban sus labores en condiciones “deplorables”.

Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por personal de la división Coordinación contra el trabajo ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de nuestro país (ARCA), del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y de la Policía de Investigaciones (PDI).

También colaboró personal policial de la Guardia Rural “Los Pumas”, de la Unidad Regional XII.

Las actuaciones fueron seguidas por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel y los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Michetti.

Este jueves, cerca del mediodía, distintas comisiones conjuntas cayeron sobre dos campos de la zona rural de Pozo Borrado. Los predios allanados están ubicados sobre la Ruta 77, donde fueron “rescatados” 30 trabajadores rurales, incluidos dos menores de edad. Todos se encontraban en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos y expuestos a situaciones de vulnerabilidad.

Santiagueños

En uno de los establecimientos se identificó a 17 “peones” oriundos de Santiago del Estero, que vivían en campamentos improvisados en zona de monte. Todos eran oriundos de Los Juríes y contaron que su jornada se extendía de 8 a 18, los siete días de la semana.

Sus salarios eran muy bajos (aproximadamente 300 mil pesos por quincena) y sus “patrones” les descontaban el costo de la comida que ellos les proveían.

Además, hacían sus necesidades fisiológicas en “tachos” y no tenían fuentes cercanas de agua potable.

Allí también se requisó el vehículo de uno de los encargados y se secuestraron dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones.

En tanto, en el segundo establecimiento se hallaron 13 hombres distribuidos en diferentes sectores. Una de las casillas, de escasas dimensiones, albergaba a 9 personas.

Finalmente, fueron identificados dos posibles responsables: W. A. Q., de 55 años, y M. L. L., de 22, ambos domiciliados en la provincia de Santiago del Estero.

Aislados

Las víctimas fueron asistidas luego por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que se encargó de brindar alojamiento y alimentación, en conjunto con la Municipalidad de Tostado.

Por otra parte, especialistas del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Nación entrevistaron a los trabajadores para determinar los pasos a seguir.

De los primeros testimonios surge que los peones tenían prohibido retirarse de sus establecimientos, no contaban con teléfonos ni otros medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y sólo algunos portaban documentos de identidad.

También tomó intervención la Procuradoría contra la Trata de Personas de la Nación.