Policía condenado por sustraer y usar la tarjeta de débito de un joven discapacitado

Un policía fue condenado por haber sustraído la tarjeta de débito a un joven con discapacidad y usarla sin autorización para extraer 18.000 pesos en cajeros automáticos en Santa Rosa de Calchines y en Cayastá (localidades pertenecientes al departamento Garay).

Se trata de Miguel Ángel Albarracín, de 30 años, a quien le impusieron tres años de prisión en suspenso, una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de $60.000.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El magistrado halló a Albarracín culpable de los delitos de “hurto calificado por ser miembro de una fuerza policial” y “defraudación por utilización de una tarjeta de débito hurtada, agravada por el ánimo de lucro”.

El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación penal, y sostuvo que “valoramos el fallo condenatorio pero esperaremos a conocer los fundamentos para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación al modo de cumplimiento de la pena, ya que habíamos pedido que fuera de ejecución efectiva”.

Mientras lo interrogaban

Hernández indicó que “aproximadamente a las 21:30 del martes 9 de abril del año pasado, un joven con discapacidad fue trasladado a la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII, ubicada en Santa Rosa de Calchines, donde Albarracín prestaba funciones”.

El fiscal afirmó que “al joven se le hizo una requisa en la dependencia policial y, mientras era interrogado por compañeros del condenado, él le sustrajo diferentes pertenencias”.

Precisó que “le hurtó zapatillas y una tarjeta de débito en la que tenía adherido un papel con datos de acceso a la cuenta bancaria, ya que por su discapacidad necesitaba ayuda para usarla”, y subrayó que “Albarracín aprovechó esa circunstancia para concretar su objetivo delictivo”.

“Alrededor de las 22:00, el uniformado fue hasta un cajero cercano y utilizó la tarjeta de la víctima para extraer 10.000 pesos”, manifestó el funcionario del MPA. “Al día siguiente, volvió a hacer lo mismo en una sucursal bancaria en Cayastá y se apropió ilegítimamente de 8.000 pesos más”, agregó.

Enorme daño

Hernández destacó que “si se contemplan el contexto de privación de libertad y que por su estado de salud y condiciones de vida la víctima estaba en una situación de extrema vulnerabilidad, el daño causado es enorme”.

En tal sentido, explicó que “a raíz de lo sucedido, el joven siente temor de que cualquier agente del Estado lo perjudique de algún modo”. A su vez, planteó que “con su accionar, Albarracín afectó la imagen pública de la policía provincial”.

En cuanto a la investigación penal, el fiscal señaló que “se inició semanas después de los ilícitos, a partir de una denuncia radicada por la propia víctima en la Unidad Especial de Asuntos Internos de la policía provincial”.