Pullaro declarará en el juicio a dos exjefes policiales acusados de corrupción

Tras casi una década de investigación, dos exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe se sentarán en el banquillo de los acusados en un juicio oral que comenzará este jueves en los tribunales de la capital. El Gobernador Maximiliano Pullaro será un testigo clave, y se espera que declare a través de una videoconferencia.

Rafael Grau y Omar Odriozola enfrentan la grave acusación de haber liderado una organización criminal que realizaba maniobras ilícitas en la reparación de móviles oficiales y la compra de repuestos.

El fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostiene la acusación contra Grau y Odriozola. Les atribuyó haber sido los jefes de una asociación ilícita integrada por funcionarios policiales y civiles, junto a la coautoría del delito de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Un aspecto central de este proceso judicial es la forma en que se inició la investigación. La causa, conocida como "D4", comenzó en mayo de 2016 a partir de una presentación realizada en el MPA por Pullaro, quien en ese momento era el Ministro de Seguridad de la provincia.

Por entonces, el funcionario señaló en su denuncia que se anotició de las maniobras ilícitas gracias a un documento anónimo dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio. Esto fue el puntapié inicial para que el fiscal Roberto Apullán solicitara allanamientos en el departamento de Logística policial (D4), lo que permitió secuestrar documentación clave que destapó la red de corrupción.

Es por esto que, con el juicio a punto de comenzar, se espera que el actual Gobernador sea uno de los testigos clave en el debate.

Falsas reparaciones de móviles policiales

El juicio oral, previsto para extenderse durante casi un mes, comenzará este jueves 29 de mayo y podría finalizar el 19 de junio. El tribunal estará conformado por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, y las defensas estarán a cargo de las abogadas Virginia Balanda e Ileana Echaniz, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

La fiscalía espera lograr condenas de 9 años de prisión para Grau y Odriozola, así como una inhabilitación especial por 10 años para ocupar cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Según la acusación, los exjefes policiales habrían usado su potestad jerárquica para disponer los medios, habilitar el ámbito y consentir las actividades ilícitas desplegadas por la organización.

La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían, burlando los procedimientos administrativos. Los acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima.

Además, Grau y Odriozola coordinaron acciones con Facundo José Testi, identificado como organizador de la banda, y sus miembros, y determinaron el reparto de las ganancias ilegítimamente obtenidas.

El modus operandi

La mecánica descripta por los fiscales detalla que particulares emitían facturas por trabajos y repuestos inexistentes, las cuales eran presentadas a un Habilitado. Éste emitía órdenes de pago mediante cheques, que requerían la firma del jefe provincial de la policía y la confirmación del departamento de Logística.

El Habilitado y el jefe de Logística coordinaban con Facundo José Testi, quien diagramaba con talleristas y comerciantes la elaboración de facturas, el cobro de cheques y la distribución del dinero. Una vez cobrados los cheques, los particulares entregaban parte del efectivo al Habilitado, quien a su vez se lo daba al jefe provincial.

Era la máxima autoridad policial quien decidía luego el reparto del dinero entre sus subalternos. Finalmente, el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas con las facturas falsas, y el jefe provincial debía dar su conformidad para finalizar el trámite.

En el marco del proceso judicial ya fueron condenadas nueve personas. El juicio a Grau y Odriozola será una instancia decisiva para determinar la responsabilidad penal de los sindicados como jefes de la asociación ilícita.