Pidieron prisión efectiva para el ex presidente comunal enjuiciado por haber golpeado a un productor agropecuario

Este lunes comenzó el juicio contra el ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, y su hijo, Nicolás Sola Capriotti, acusados de haber golpeado a un productor agropecuario.

El juez Luis Octavio Silva preside el debate, en el que los fiscales Marcelo Nessier y Francisco Cecchini solicitaron que los Sola sean condenados a cuatro años de prisión efectiva como coautores de “daño”, “lesiones leves dolosas” y “amenazas”.

El denunciante, Leonardo González Kees, cuenta con la representación de los Dres. Néstor Oroño y Francisco Gutiérrez, quienes consideran que las lesiones fueron cometidas con alevosía y pidieron que se impongan cuatro años y medio de prisión a Walter Sola, y tres años y diez meses a su hijo.

El defensor Agustín Márquez apuesta a la absolución por el beneficio de la duda. Además, cuestionó los elevados montos de pena solicitados, a los que consideró “no razonables”.

La causa tomó resonancia nacional cuando el diputado José Luis Espert -pariente de la víctima- lo visibilizó en sus redes sociales. El economista, ligado a La Libertad Avanza, fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado -investigado en Estados Unidos por lavado, estafas y narcotráfico-.

Por una tranquera

El primero en declarar fue González Kees, titular del establecimiento “Los Retoños”, quien denunció que el 3 de octubre de 2022 fue agredido por los Sola en el patio del edificio comunal. Según su relato, ingresó al lugar con su celular en la mano, registrando todo en un video, e “intenté mantener un diálogo por una tranquera”.

Esa mañana, empleados de la comuna habían derribado una tranquera que cortaba el paso por un camino rural lindero al campo de la víctima. Según trascendidos, Sola incumplió un acuerdo que establecía que el productor se haría cargo de mantener el camino a cambio de que la Comuna bajara la tasa que le cobraba para realizar dicha tarea. Cuando esto no ocurrió, apareció la tranquera.

González Kees declaró durante casi media hora, con interrupciones debido a las crisis de llanto que le provocó recordar cómo fue golpeado con puños y patadas, y amenazado de muerte. Aseguró que “nunca atiné a pegarles” y que lo ocurrido fue “una locura”.

“Fui a ejercer un derecho, a hablar con el presidente comunal y recibí una paliza. Me retuvieron a patadas, fajándome, padre e hijo”, mientras “el personal de la comuna no los frenaba, sólo miraba”, se lamentó.

Tres testigos

Al juicio acudieron tres testigos. El primero, un policía que circulaba por la comuna cuando vio a González Kees pasarlo con su camioneta a toda velocidad, “levantando polvo”, estacionar frente al edificio comunal, descender dejando el vehículo encendido y con la puerta abierta e ingresar “insultando” en busca de los Sola.

El uniformado recordó que el presidente comunal le dijo “sacalo”, y que entonces “se armó, se empezaron a pegar”. “Fue todo muy rápido, González les decía de todo y algunos manotazos tiró, pobre”, explicó. El policía intervino para que cesara el ataque, y trasladó a la víctima hasta la comisaría.

También acudieron al juicio dos empleados comunales que la mañana del día en cuestión habían derrumbado la tranquera, y cerca del mediodía vieron a González Kees ingresar a la Comuna. Ambos dijeron haber visto poco, pero pudieron aportar detalles de lo ocurrido.

Uno sostuvo que “Walter lo atropelló” a González, con el cuerpo, provocando que cayera al suelo. El otro, dijo que el denunciante persiguió a Nicolás Sola mientras lo filmaba, y que éste se alejaba, ignorándolo. Luego, “se fueron a las manos”.

Causas judiciales

El breve juicio comenzó con los alegatos de apertura, y en la primera jornada declararon todos los testigos citados. El martes serán los alegatos finales, y está previsto que el miércoles el juez Silva dé a conocer su sentencia.

Además de esta causa, pronta a tener una primera resolución, los Sola fueron imputados el mes pasado por la fiscal Bárbara Ilera en el marco de una investigación por “enriquecimiento ilícito”, “asociación ilícita”, “malversación de caudales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.