Áspero debate por el funcionario municipal que participó de la usurpación en Entre Ríos

Luego de que se supiera de que el actual subdirector Ejecutivo de Promoción de la Economía Social y Popular de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Correa, participó de la toma del campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos, el debate sobre lo que fue el tema nacional de este jueves resonó en el Concejo santafesino. Con fuertes cruces y chicanas entre la UCR aliada al macrismo y el justicialismo, los contrapuntos giraron sobre la propiedad privada como un derecho garantizado por la ley; pero también, este eje derivó sobre quién se hace cargo de solucionar el acceso a la tierra de los sectores de menores recursos, y sobre las usurpaciones en la ciudad.

La comunicación aprobada sobre tablas -impulsada por el interbloque UCR-Juntos por el Cambio-Pro- solicitó al Ejecutivo que informe si Correa "se sigue desempeñando en su cargo; si (el municipio) ha tomado conocimiento de la participación del funcionario en la usurpación de tierras (de la familia Etchevehere), y si adoptó alguna intervención y/o sanción ante la actitud del funcionario".

Este jueves, la jueza María Carolina Castagno ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio "Casa Nueva" a los tres hermanos de la familia Etchevehere y su madre, en el marco del conflicto que mantienen con su hermana Dolores. La magistrada dispuso "restituir el campo" y "disponer el reintegro del predio".

De momentos, el debate en el Legislativo local se "nacionalizaba"; incluso caía en revisionismos históricos. Se mezclaba al dirigente Juan Grabois con las imágenes obscenas del diputado nacional Juan Ameri manteniendo sexo en plena sesión virtual de la Cámara Baja; al ex presidente Mauricio Macri con la pandemia y con la vice presidenta Cristina Fernández. Hasta se citó alguna frase del Gral. Juan D. Perón. Pero había de todo aquello un anclaje local: una usurpación en la cual participó un funcionario del municipio.

No a "romantizar" el delito

"Correa estuvo presente en la toma del predio en cuestión. La usurpación de la propiedad privada es ilegal, así lo dictaminó la justicia entrerriana. Pero además la jueza (Castagno) advirtió que llegaron al predio personas desde puntos puntos lejanos (del país). Y hay gente que, por la pandemia, hace un año no puede ir a ver a sus familiares a Entre Ríos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un funcionario municipal viaja tranquilamente a la vecina provincia para participar de una toma", cuestionó el edil opositor Carlos Pereira.

Guillermo Jerez (Barrio 88) expresó su desacuerdo por el planteo del interbloque de Juntos por el Cambio: "El funcionario tiene todo el derecho a asistir a los lugares que crea convenientes siempre y cuando no esté representando al municipio. No me parece que haya una incompetencia (de Correa) al defender la causa que crea justa".

Le salió al cruce Sebastián Mastropaolo: "Un funcionario, municipal, provincial y nacional, no deja de ser funcionario cuando termina su horario laboral. Tiene que respetar su investidura pública. Es una vergüenza que se busque una excusa, una salida decorosa a un funcionario que cometió un error. No puede ser que participe de una usurpación. ¿Qué nos queda para el resto, qué mensaje está dando? ¿El camino es, para el vecino común, salir a usurpar, a invadir?", interrogó el voz alta el edil del Pro.

Luciana Ceresola, su par de bloque, citó los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, que regulan la tenencia de la propiedad. "Todos tenemos el derecho al acceso a la vivienda digna, pero es un delito hacerlo usurpando. Si eso pasa volvemos a la ley de la selva, gana el más violento. ¿Eso es justicia social? No. No podemos avalar este tipo de actitudes por parte de un funcionario de la ciudad", declaró la edila. Y más adelante dirá que es muy peligroso "romantizar el delito".

Habló Federico Fulini (PJ): "Doctrinariamente, el justicialismo quiere que todos, todos tengamos nuestra propiedad privada, no sólo algunos. Toda la ciudadanía tiene el derecho a su casa, su tierra y una vida digna. Entonces, esa propiedad privada -según su partido- tiene una función social".

"Pero -prosiguió- cuando discutimos la problemática de cómo garantizar ese derecho para todos (cuestionó en este punto al bloque de Juntos por el Cambio), debemos hablar de la distribución de ingresos. Y ante esta discusión, cada vez que la planteamos, nos corren con la propiedad privada y con que el Estado es confiscatorio de sus recursos. No quieren resolver eso problema", disparó el legislador kirchnerista.

Militante desde antes de ser funcionario

Correa -se supo- integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La edila oficialista Laura Mondino tomó este elemento: "La Municipalidad dejó en claro que el señor Correa no estaba en ese lugar (el predio usurpado) en su carácter de funcionario, sino como miembro de una organización social de la cual participa desde mucho antes de asumir en su cargo. Cada funcionario se escoge por sus capacidades y su idoneidad, no por otra cosa", aseguró.

"Yo sinceramente quisiera saber, más allá de cuestiones políticas o ideológicas, cuál es la posición del intendente respecto de este funcionario de segundo rango que representa a toda la ciudadanía santafesina desde que se levanta hasta que se acuesta. Hasta ahora (Emilio Jatón) no se ha pronunciado al respecto y eso me preocupa", dijo Sebastián Pignata, y Pereira tomó como propias sus palabras. La discusión siguió, con más chicanas: duró al menos hora y media.

Piden "rastreadores" Covid y un comité de expertos locales

Con una resolución, el Concejo dispuso que el Ejecutivo deberá conformar y realizar las gestiones para capacitar equipos de "rastreadores" de casos sospechosos de Covid-19, para desempeñar las tareas de detección y seguimiento de contactos estrechos de contagiados, con el objetivo de realizar diagnósticos tempranos para evitar la transmisión de la enfermedad en período asintomático. Esta tarea "deberá realizarse en coordinación con el Ministerio de Salud provincial", dice la norma.

Los equipos de rastreadores podrán estar conformados por personal de la Municipalidad. También, se autorizó al Ejecutivo a realizar gestiones ante la UNL y la UCSF para que los estudiantes de las carreras que acrediten una formación pertinente para realizar esta labor puedan sumarse a los equipos de rastreadores. Las horas dedicadas a la actividad podrán ser contempladas como parte de las prácticas pre-profesionales o pasantías de cada plan de estudio.

Finalmente y con otra resolución aprobada, el Concejo le pidió al Ejecutivo Municipal que conforme un Comité de Expertos para asesorar en medidas y acciones ante la pandemia del Covid-19 en la ciudad. Este comité tendrá un rol consultivo para el desarrollo de políticas públicas mientras dure la crisis sanitaria.