La difícil tarea de gestionar recursos municipales en Santa Fe, eje de otro debate entre académicos

De cara a la conformación de la convención estatuyente y la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad capital, en un nuevo conversatorio se abordó un tema clave y complejo para cualquier gobierno local: la gestión, administración y control externo de los recursos económicos y financieros.

El encuentro se dio en el marco del programa “Autonomía SF”, organizado de forma conjunta por el Concejo y la Municipalidad. “Santa Fe autónoma: nuevos derechos, nuevos desafíos”, fue el título de la jornada. Los expositores fueron académicos expertos en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

El objetivo del encuentro fue empezar a trazar una hoja de ruta sobre “los distintos puntos que debería incorporar la futura Carta Orgánica para hacer efectiva la autonomía económica y financiera que reconoce la nueva Constitución Provincial”, explicaron fuentes legislativas.

La instancia final, tras culminar los conversatorios, será el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de ordenanza para que el Concejo declare la necesidad de la sanción de la Carta Orgánica Municipal. Con ese fin, los vecinos elegirán el año próximo a los estatuyentes que representarán sus voces en esta etapa.

El panel de debate tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Se abordaron tres tópicos macro: la obtención de recursos (tributos, coparticipación, tasas, contribuciones y financiamiento); su administración (presupuesto y planificación) y su control (Tribunal de Cuentas, control interno y rendición de cuentas).

El disparador

Horacio Alesandría, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF, fue el primero en esbozar respuestas a la pregunta disparadora: qué aspectos centrales deberán contemplarse en la Carta Orgánica Municipal de Santa Fe en términos de administración económico-financiera.

El especialista resaltó que nada está por encima de “los derechos de los habitantes de la ciudad. No obstante ello, también están sus obligaciones como contribuyentes (de tasas, derechos y demás tributos). En este punto, es bueno reflexionar sobre qué compromisos debe asumir el municipio para contribuir a que los ciudadanos alcancen esos derechos”, enfatizó.

Con relación a la obtención —o procedencia— de los recursos financieros y su administración, consideró que la Carta Orgánica Municipal debería incluir “una bajada del artículo 8 de la Constitución Provincial de 2025”, el cual establece cómo se financia el gasto público y la obligación de los habitantes de contribuir a él.

“También el artículo 156, que versa sobre la estructura de los recursos que integran el Tesoro Municipal”, adujo luego. Aquí aparecen conceptos como legalidad tributaria, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad y capacidad contributiva, entre otros.

La ordenanza “madre”

La Dra. Stella Rodríguez expuso sobre los alcances de uno de los andamiajes económicos centrales de la Municipalidad, que es el presupuesto anual, junto con las normas de Administración Financiera, Tributaria y Fiscal Municipal.

“El Ejecutivo ejerce la Jefatura de la administración municipal, esto es un hecho. La discusión más remanida pasa por cuándo el Ejecutivo debe remitir esa norma madre al Concejo. ¿En qué fecha debe presentarse? Después del Presupuesto Provincial, pero ¿con qué margen adicional? Ese tope debería quedar establecido taxativamente”.

Luego, el Concejo deberá tratar el cálculo anual de gastos y recursos. “Si el Legislativo no lo aprueba, se iría a una reconducción presupuestaria. Pero ¿qué tipo de reconducción? Hay varios modelos... Este es otro aspecto muy técnico, pero que deberá contemplarse antes de la redacción de la Carta”, sugirió.

Coparticipación en datos finos

El Lic. Alberto Papini, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (FCE-UCSF), realizó un análisis de las transferencias por coparticipación entre Nación, Provincia y Municipio. “Siempre entre los tres poderes jurisdiccionales hay disputas y tensiones por los recursos”, agregó.

Luego aportó cifras comparativas respecto de las transferencias coparticipadas: “Según datos oficiales, desde 2015 a 2025, los fondos de coparticipación nacionales han caído un 11% y los provinciales un 7%, en promedio. En los últimos dos años, los tributos nacionales representaron casi un 9% menos”.

El académico consideró que los criterios de distribución de estos fondos deben contemplar la cantidad de habitantes por departamento e incluir el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): “Hay que buscar que esa distribución de recursos sea más equitativa, como establece la Constitución de 2025”.

En el municipio local

Finalmente, analizó los datos de la Municipalidad de Santa Fe: “El municipio percibe un 50% de recursos propios y otro 50% por fondos de coparticipación. Además, tiene una gran dependencia del Derecho de Registro e Inspección (Drei), tributo que se cobra a toda actividad comercial. Habría que pensar alternativas que reviertan esta situación”, advirtió.

Por último, Papini analizó otra variable: el ahorro corriente del municipio capitalino. “Hoy, ese ahorro corriente es del 6%. A priori parece un buen indicador; pero tal porcentaje debería ubicarse entre el 20 y el 30%. Hoy el municipio local depende mucho de las transferencias provinciales”.

“Hay que ser muy precavidos con la administración de los recursos para tener una verdadera autonomía financiera en la futura Carta Orgánica Municipal”, concluyó.

Los participantes

Participaron de las exposiciones Alberto Papini (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, FCE UCSF); la Dra. Stella Rodríguez, docente y directora del Doctorado y la Maestría en Administración Pública (FCE UNL); y el Mg. Horacio Alesandría, decano de la FCE UCSF.

También formaron parte el Dr. Bruno Rezzoagli, doctor en Aspectos Jurídicos y Económicos de la Corrupción por la Universidad de Salamanca (España) y docente de la FCE UNL; y la CPN María Agustina López, magíster en Administración Pública.

Asimismo, aportó sus comentarios la CPN Alfreda Salusso, coordinadora técnica de la Comisión Nacional del Sector Público de la FACPCE. La moderación del panel estuvo a cargo del magíster Darío Mejías, vicedecano de la FCE UNL.