"Entre tantos parches, es una nueva vía": opiniones sobre el proyecto de prohibición de cuidacoches

La problemática de los cuidacoches volvió al centro del debate público en la provincia de Santa Fe luego de que el Senado de Santa Fe otorgara media sanción a un proyecto que busca prohibir la actividad informal e incorporarla como contravención dentro del Código de Convivencia para otorgar más herramientas de intervención a los municipios. El texto ahora deberá ser tratado en Diputados para convertirse en ley.

En tanto, desde sectores vecinales se refirieron a la problemática e indicaron que el punto clave será la aplicación efectiva de la norma, una vez que obtenga sanción. Matías Galíndez, integrante de la Vecinal Candioti Sur -un barrio en el que la actividad de los cuidacoches es intensa debido a la proliferación de bares y restaurantes- consideró que la iniciativa tiene una mirada más amplia que intentos anteriores.

"Es un avance porque tiene una mirada integral de la problemática -valoró-. Entre tantos parches e iniciativas que no han funcionado, esta es una nueva vía. Lo importante será ver la aplicación y el control, porque muchas veces hay muy buenas leyes, pero si no se aplican no tienen sentido".

El dirigente vecinal rescató que el proyecto contempla distintas sanciones y también alternativas de inclusión. "Establece escalas que van desde trabajos comunitarios hasta la prohibición de concurrir al lugar donde se comete la falta. Eso da tranquilidad a los vecinos que han tenido conflictos. También prevé capacitación, formación en oficios y abordaje de consumos problemáticos, algo que siempre planteamos porque hay casos vinculados a adicciones o problemas de salud mental", explicó.

No obstante, advirtió que el desafío será sostener los controles en el tiempo. "El vecino necesita volver a la normalidad, porque la convivencia se vio muy afectada en el último tiempo. Por eso, además de la ley, tiene que haber control y coordinación con la policía", agregó.

Galíndez también remarcó que la situación social no puede quedar afuera del análisis. "Hay distintos perfiles de cuidacoches y también personas en situación de calle vinculadas a esta actividad. Por eso es positivo que se contemple la reinserción laboral y el abordaje desde salud, pero habrá que ver cómo se implementa en la práctica", concluyó.

Qué establece el proyecto

La iniciativa, presentada por el senador rosarino Ciro Seisas, habilita por primera vez la intervención directa de la policía y de los municipios frente a situaciones de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.

La propuesta modifica la Ley 10.703 Código de Faltas de la Provincia mediante la incorporación de nuevos artículos (de los artículos 66 bis, ter y quater) que tipifican la actividad como contravención a nivel provincial. A partir de esto, se prohíbe ofrecer o administrar espacios de estacionamiento en la vía pública a cambio de dinero sin autorización, así como también realizar tareas de cuidado o limpieza de vehículos en esas condiciones.

Uno de los puntos centrales es que la implementación quedará en manos de cada municipio, que podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial correspondiente, para hacer cesar la actividad mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público donde se desarrollara.

El proyecto establece un régimen de sanciones progresivas que incluye multas, trabajos comunitarios, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares y arresto en casos de reincidencia o cuando exista organización detrás de la actividad. Las penas se agravan si hay violencia, amenazas o si los hechos ocurren en zonas sensibles como eventos masivos, áreas comerciales o en horario nocturno. Además, se endurecen las sanciones para quienes coordinen o exploten esta práctica, contemplando situaciones de mayor vulnerabilidad de las víctimas.

La postura del municipio

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, respaldó días atrás el avance de una ley provincial sobre cuidacoches al considerar que el municipio necesita más herramientas legales para intervenir. Señaló que actualmente se realizan controles, pero que muchas veces la actividad vuelve a repetirse porque las sanciones vigentes no alcanzan y la policía tiene limitaciones para actuar si no hay denuncia o un delito concreto.

El jefe municipal sostuvo que una norma provincial permitiría un trabajo coordinado entre la Municipalidad y las fuerzas de seguridad, y facilitaría que la policía pueda intervenir con mayor rapidez ante situaciones de extorsión, amenazas o conflictos en la vía pública. En ese sentido, remarcó que la problemática es una de las principales preocupaciones de los vecinos y que requiere una respuesta más firme desde el marco legal.

Poletti también planteó que, además del control, el municipio impulsa alternativas para quienes dejan la actividad, como la incorporación a cooperativas u otros programas laborales, aunque reconoció que no todos aceptan esas opciones. Por eso insistió en que la solución debe combinar medidas de seguridad, regulación y abordaje social para resolver un problema que se repite desde hace años en la ciudad.