Estadísticas y presencia territorial: dos políticas de género para seguir

Gabriela Sosa inauguró la subsecretaría de Políticas de Género de la provincia en 2015, el mismo año -aunque varios meses después- del primer Ni Una Menos. Al año siguiente, el Encuentro Nacional de Mujeres tuvo por sede a Rosario. Su gestión, que termina el próximo 10 de diciembre, coincidió con un notable crecimiento y visibilización de los movimientos feministas y de una fuerte presencia de los temas de género en los medios de comunicación y en ámbitos de decisión política: el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, que llegó al Congreso nacional y obtuvo media sanción en Diputados, fue uno de los hitos de esa presencia.

Días atrás lideró la reunión de los consejos regionales para prevenir, asistir y erradicar las violencias contra las mujeres. Los consejos fueron creados por ley provincial 13.348 y trabajan con los tres poderes del Estado, municipios y comunas, colegios profesionales y sindicatos. Su función es asesorar al Ejecutivo y, en ese marco, criticar o proponer políticas de abordaje de las violencias. Así que en la reunión que se realizó el miércoles pasado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno escuchó la opinión de referentes de distintos puntos de la bota santafesina, las mismas voces que cuatro años atrás plantearon como problema común el acceso a la justicia.

Antes de participar de ese balance, hizo el propio en diálogo con este diario.

—¿Qué políticas considerás que deberían continuar luego del 10 de diciembre?

—Una definición que tomamos fue la penetración territorial de las políticas de género. Es decir que este rol de segundo nivel de intervención estuviera bien presente en el territorio. Si bien no llegamos a las 365 localidades de la provincia, en dos años generamos la creación de 200 áreas Mujer que se sumaron a las que ya existían.

En otro plano, pero también vinculado con el abordaje territorial, se trabajó en el programa de espacios públicos, seguridad y género en cien localidades. Este tema, que no parece primordial, fue incorporado como eje por las mismas autoridades municipales y comunales.

Otro logro que tiene que continuar porque, además, está establecida como obligación en la ley, es la estadística. Había necesidad de generar un registro, más allá de que hace falta enriquecerlo y de que es una muestra de la problemática. Así, se cuenta con el registro único de situaciones de violencia (Ruvim) y el de femicidios y el indicador de participación de las mujeres.

Claves

El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres resulta, para Sosa, un tema clave de su gestión que, además, tendrá que ser valorado por la próxima, junto con los recursos humanos y la estrategia de trabajo del equipo de guardia, que aborda las situaciones de violencia fuera de los horarios administrativos.
La subsecretaria reconoce que se lleva de la función “un importante conocimiento territorial: me sorprendió gratamente la muy buena recepción por parte de los municipios y comunas en un contexto -el de lucha de las mujeres- que colaboró absolutamente a mi gestión y en el que, como feminista, seguramente hice mi aporte”.

—Están las leyes, los registros, la visibilización de la violencia, ¿qué tiene que ocurrir para que esta realidad se modifique?

—Hace muchos años que las feministas venimos planteando la gravedad del tema y eso se puede ver en los medios de comunicación y en políticas estatales. Las mujeres estamos siendo sometidas a un lugar de desigualdad desde que se creó el sistema patriarcal. Primero, es necesario asumir que necesitamos tiempo; luego, recursos, y por lo tanto hay que pensar en la jerarquización de estos ámbitos, la transversalización de políticas de género y el aporte económico a las tareas que hace el movimiento de mujeres.

Es indispensable que el Estado pueda comparar el efecto de las políticas que lleva adelante, con una estadística oficial persistente, sistemática, integral y pública. Por eso insisto en la continuidad de esta tarea. Los indicadores de políticas sociales, particularmente en las violencias, no existen en la Argentina. En Santa Fe, podemos comparar que tenemos menos mujeres alojadas que hace cuatro años porque los equipos de municipios y comunas trabajan para que la última opción sea institucionalizar a una mujer.

Pero para transformar esta realidad hace falta participación política feminista, un Estado fuerte, la jerarquización de las áreas y tiempo.

El diálogo entre el Estado y la sociedad civil, que tantas veces se escribe en los papers, fue para nosotros una importante base de gestión”.

Gabriela Sosa

Subsecretaria de Políticas de Género.