Geriátricos: advierten falencias edilicias y que no se retiran residuos patológicos

¿Qué pasa con los geriátricos de gestión privada en la ciudad? ¿Cuántos hay, en qué estado edilicio y operativo están? ¿Cumplen con los requisitos establecidos por las normas vigentes para garantizar la correcta atención a los ancianos? Ésas fueron las preguntas que se escucharon en el Concejo, tras sancionar una norma donde se le requirió al Ejecutivo municipal que reglamente una ordenanza sancionada en diciembre de 2018, y que creó un Observatorio de Residencias para Ancianos.

Ese observatorio tiene como objetivo ser órgano de consulta y colaboración y que, sobre la base de la observación metodológica (mediante la recolección sistematizada de datos) sobre los geriátricos, hogares de ancianos, residencias para ancianos y hostales de larga estadía de adultos mayores (holepam) de la ciudad, emita informes e impulse políticas públicas sobre al adulto mayor. Se creó como una herramienta preventiva que sirva para tomar decisiones oportunas que mejoren el estado de estos lugares.

Pero esa ordenanza aprobada hace casi 11 meses nunca fue reglamentada por el Ejecutivo, y resultó ser apenas la punta de un iceberg de un tema muy preocupante: el estado actual de los geriátricos en la ciudad y la atención que allí se les brinda a los ancianos. Según una serie de actas de la Dirección de Habilitaciones municipal a las que pudo acceder El Litoral, se constataron las siguientes irregularidades: “Falta de módulos sanitarios, de luces y timbres individuales para camas, y ausencia de campana extractora en cocina. Estado general de limpieza y atención: regular”, dice un Informe de Verificación.

En otro informe sobre otro hogar de ancianos, se puntualizan observaciones como el faltante de luces y timbres en las cabeceras de las camas, y se solicita “mejorar las condiciones de habitabilidad”. En otro, la limpieza del geriátrico supervisado es calificada “de regular a mala”, y la habitación con más cantidad de camas “no posee ventilación natural”. “Dos matafuegos vencidos; ventilaciones antirreglamentarias en dormitorios, al igual que las dimensiones de un dormitorio”. “Estado general de limpieza y atención: regular”, se lee en otros dos reportes.

Algunas actas de infracción labradas sobre estos establecimientos son, en otros casos, lapidarias. En una se infracciona por “no garantizar la disposición final de residuos patológicos. Se observan 20 bolsas con pañales usados” (estos residuos deben tener una disposición y manipulación distinta a los domiciliarios). “Mezclar/confundir residuos sólidos domiciliarios con residuos patológicos; en un cesto, hay gasas con sangre sin bolsas rojas (algo que no corresponde)”; dice otra acta de infracción. Las mismas irregularidades se repiten.

La normativa vigente

En la ciudad está vigente la Ordenanza N° 9.378 (de 1991), que creó el Reglamento de Geriátricos. Allí se establecen todos los requisitos que debe respetar aquel privado que quiera habilitar un hogar de ancianos; las condiciones que debe presentar el lugar, las dimensiones de los dormitorios, las habilitaciones y los controles edilicios, ambas competencias a cargo del Ejecutivo. “Es considerado geriátrico todo establecimiento privado con o sin fines de lucro, dedicado exclusivamente al albergue de ancianos para su alojamiento, reposo, cuidado y asistencia”, dice esa norma.

Sobre estas residencias hay una competencia conjunta, tanto del Estado municipal como del provincial. Así lo sugiere la aludida ordenanza en su artículo 9: “El Ejecutivo debe suscribir convenios con el Ministerio de Salud y de Medio Ambiente de la provincia para delimitar las misiones y responsabilidades de cada una de las partes en el trámite de habilitación de establecimientos geriátricos privados”, y “suscribir acuerdos con entidades intermedias afines para que actúen como asesoras en el tema”. No obstante ello, “no hay una norma unificada. No hay un trabajo articulado”, le dijo a El Litoral Marcela Aeberhard (PJ-Santa Fe), la concejala que impulsó el pedido al Ejecutivo de reglamentación del Observatorio de Residencias.

“Garantizar el retiro apropiado de residuos patológicos y todo lo referido al estado edilicio de cada geriátrico es competencia del municipio; la operatoria (médicos, nutricionistas, el control de las coberturas de Pami, etc.), de Provincia. Pero hoy, ambos Estados trabajan en compartimentos estancos, cuando la detección precoz de la vulneración de los derechos humanos, en este caso de los abuelos, tiene que garantizarse desde ambos estamentos”, cuestionó.

Información dispar

Además, hay información “dispar y no sistematizada”, dijo la edila. “Nos respondieron desde el municipio tres pedidos de informes: en uno, nos dijeron que hay 50 residencias para ancianos habilitadas; en otro, 48; y en otro 15, con pedidos de trámite en 8. Entonces, ¿cuántos geriátricos hay en la ciudad habilitados? No coinciden los números”, advirtió. Y cuántos de estos hogares habrá que ni siquiera iniciaron el trámite y tienen, en dos o tres habitaciones, hacinados a los abuelos”.

Además, los adultos mayores no tienen la posibilidad de defenderse ante la vulneración de sus derechos: “No pueden salir a reclamar, por la edad avanzada y estando disminuida su condiciones físicas. También hay familiares que no se ocupan. ¿Quién habla por ellos? ¿El Defensor del Pueblo, el municipio, Provincia?”, volvió a interrogar.

Y con respecto a los pedidos de clausura, “nos dicen (desde el municipio) que como hay abuelos habitando esas residencias, no saben adónde llevarlos, porque no hay otros lugares. Nosotros no queremos que se clausuren los hogares para ancianos —aclaró Aeberhard—. Queremos que se controlen, y que estén pero en buenas condiciones edilicias, con profesionales en gerontología, con todas las garantías aseguradas para que los abuelos estén bien”.

“Pareciera que hay que esperar ver algún video por las redes sociales que nos conmueva, para tomar conciencia de que éste es un tema que debe preocuparnos, antes y no después, sobre los hechos consumados. Estamos hablando de nuestros abuelos, que están en una situación de indefensión, porque no tiene un interlocutor a quien reclamar si están mal alimentados, si no tienen ventilación en sus dormitorios o no cuentan con personas que los higienicen apropiadamente”, concluyó la concejala.