La resistencia de Playa Norte

Lidia vive en Playa Norte. Hace unos 40 años que vive allí. Vino de la zona de la Costa, al igual que la mayoría de los primeros habitantes de esos terrenos históricamente en disputa. Hoy son casi medio centenar de vecinos comprendidos en unas 90 a 100 familias —van por la tercera generación—, quienes levantaron sus hogares sobre terrenos privados, junto a calle Riobamba al 8000 y hacia el norte. “Nunca nadie nos reclamó la tierra”, dijo la vecina. Y ellos iniciaron gestiones para ser dueños.

A diferencia de sus vecinos de barrio Coronel Dorrego, al que algunos llamaban “Chaqueño” porque muchas familias llegaron de la vecina provincia en tren, los orígenes de los vecinos de Playa Norte está vinculado a familias que llegaron desde San Javier, Alejandra y otras localidades de la costa santafesina, que buscaron el paisaje ribereño para vivir de la caza y la pesca, como lo hacían en su lugar de origen.

Pese a la resistencia, desde el Municipio les niegan el derecho a ocupar esas tierras. Varias veces intentaron trasladarlos para liberar los terrenos que son bajos e inundables. En 2010 lograron mudar a varias familias a viviendas sociales sobre terrenos elevados en Los Quinchitos (casas de material con techo de paja). Y tras la última inundación de 2015-16 pretendieron otorgarles viviendas a estrenar levantadas por el gobierno de Mauricio Macri en Nueva Esperanza Este. Solo algunos se mudaron mientras que el resto resiste en Playa Norte. Y pretenden seguir allí.

Lidia Aranda vive en una casa de material. Junto a los demás vecinos mantienen una huerta domiciliaria que sembraron con semillas del programa Pro Huertas. A pocos metros de su casa, junto al destacamento policial de Riobamba al fondo, vive su hija, Florencia. Y los niños van a la escuela N° 21 “Pedro de Vega”, sobre Matheu al 300. Es una de las zonas más codiciadas de la ciudad: a un costado el extenso arenal de la playa y la laguna Setúbal, al otro, el verde de la naturaleza, en el límite noreste del ejido urbano santafesino.

Durante la última década, Playa Norte había sido apuntada como el futuro urbano del progreso y el modernismo de la ciudad. Los chalet sobre Riobamba con los fondos de bajadas hacia la playa, boliches y clubes náuticos, eran símbolo de exclusividad. Un proyecto de barrio con caleta náutica y servicios otorgaría mayor confort al lugar. Pero los terrenos fueron ocupados por estas familias que levantaron sus hogares, algunos vecinos abandonaron esos chalet —algunos fueron intrusados— y el destino cambió.

Un grupo de vecinos de barrio Guadalupe se acercó a estos vecinos llenos de carencias materiales, junto a organizaciones sociales como Manzanas Solidarias, para brindar acompañamiento y asistencia en distintos tipos de necesidades a las familias de la zona de Playa Norte. Ellos remarcan que dicha zona de la ciudad “no es un reservorio”, argumento utilizado desde hace décadas por quienes pretenden retirarlos del lugar “para concretar el proyecto de un barrio de alto nivel adquisitivo”, señalan desde las organizaciones.

“Argumentos inciertos”

“Queremos desnaturalizar argumentos inciertos para siempre, como cuando dicen que esto es un reservorio”, dijo la “manzanera” Liliana Berraz. También hacen pie en el barrio otras organizaciones sociales como Canoa, Tramas y los miembros del Centro de Salud Setúbal. Ellos están “muy molestos” con algunos vecinos, autoridades y algunos medios de comunicación que en las últimas semanas “difundieron falsedades fortaleciendo actitudes discriminatorias, con fines especulativos en Playa Norte”, expresaron en un comunicado.

En un documento con 8 puntos reivindican el derecho al hábitat de los vecinos. Se basan en la legislación vigente. “Los barrios de Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz al 8000 —toda la zona— fueron reconocidos a nivel nacional por el RENABAP (Relevamiento Nacional de Barrios Populares) y, en consecuencia, están contemplados en la ley (Nº 27.453) de regularización dominial, que declara ‘de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios’ incluidos”, señalan. Y la llamada “ley Pierri” (N° 24.374) que establece un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años.

Otra normativa municipal que utilizan para fundamentar la tenencia de la tierra es el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU). En su artículo 56 (distritos residenciales), señala que “al 80% del sector le corresponde la sigla R4 (Residencial de baja densidad con características de barrio jardín)”; y en su artículo 60 (distritos de urbanización futura), que “al restante 20%, la sigla UF 2 (Terrenos privados a urbanizar)”.

Para obtener la tierra elaboraron junto a organizaciones sociales un Anteproyecto de urbanización y lo presentaron en el Concejo Municipal y en la Legislatura provincial en 2014. Luego conformaron una mesa de trabajo junto a concejales y autoridades. Y aseguran que en una masiva asamblea que se llevó a cabo en el barrio en 2016 “les reconocieron el derecho adquirido a seguir habitando Playa Norte”, dijo Liliana Berraz, desde Manzanas Solidarias. “Lamentablemente el compromiso de los funcionarios para continuar trabajando en la urbanización y ordenamiento del sector, se desvaneció”.

Estas organizaciones sociales tildan al intendente José Corral de “olvidadizo”, porque “había prometido la regularización dominial y mejoras”, aseguraron. “Como lo han demostrado quienes gobernaron el país y el municipio en los últimos años, ‘ser pobre’ es un delito a castigar”, agregaron. “Si no, no se entiende por qué se permite que los vecinos VIP se apropien ilegalmente de los valiosísimos terrenos fiscales de la ex traza de circunvalación, a escasos metros de Playa Norte”.

En cambio, los vecinos están expectantes con el cambio de gobierno municipal previsto para el próximo 10 de diciembre. “Emilio Jatón (intendente electo) nos conoce desde siempre, como periodista muchas veces caminó el barrio, se hizo eco de nuestro reclamo y está al tanto de nuestras necesidades”, dijo Liliana Berraz.