Provincias y Nación son como "un perro que se muerde la cola"

"Quien logre bajar la inflación en forma permanente y generar reformas cambiarias y estructurales que permitan a nuestras empresas competir en el mundo, en un contexto de buenas instituciones, habrá puesto a la Argentina en el camino del crecimiento económico".

El párrafo pertenece a un informe de Marcelo Capello, del Ieral/Fundación Mediterránea, que aborda "el desafío de bajar la inflación y ganar competitividad en un país federal".

El análisis llega en medio de los desencuentros de Casa Rosada y Provincias y bajo la presión de Luis Caputo para que los distritos subnacionales bajen impuestos a la luz de sus superávits. La idea de la administración Milei, que promete bajar retenciones "cuando pueda", es que las reduzcan o eliminen Ingresos Brutos.

Eso mientras los gobernadores presionan para que Nación coparticipe los ATN y el impuesto a la transferencia de combustibles. Al tiempo que le reclaman a la Casa Rosada por el abandono de las rutas nacionales, decisivas en la calidad social como en los costos de productividad o incluso en las exportaciones.

"Además de la voluntad política necesaria para impulsar las reformas a nivel de gobierno nacional, se requiere también similar voluntad en los gobiernos provinciales, que en un país federal cuentan con autonomía. Y también de los municipios".

Recuerdos Capello que en 2023 el "déficit fiscal nacional más provincial ascendía a 4,6% del PBI y la presión tributaria era alta (8,6 puntos del PBI mayor en 2023 que en 2000), para lograr el equilibrio fiscal no quedaba otra que bajar fuertemente el gasto público".

Reseña que entre 2000 y 2023 el gasto público nacional había subido 4,8 puntos del PBI, y 2,6 puntos en el conjunto de provincias. "El exceso de gasto era evidente en ambos niveles de gobierno".

Señala que en 2024 el gasto se ajustó un 26% real a nivel nacional, pero también reconoce una baja del 17% en provincias. "Aún si no se tuvieran en cuenta los fuertes recortes en las transferencias discrecionales a provincias que llevó a cabo el gobierno nacional, el resto de sus erogaciones hubiesen bajado un 23% el año pasado".

Crece el gasto en provincias

Despejada la condición del superávit, Capello apunta que "se necesita una reforma laboral, mejor infraestructura e impuestos más bajos (y menos distorsivos), entre otras reformas.

"Para bajar impuestos, manteniendo el equilibrio fiscal que se necesita para disminuir la inflación, se debe reducir aún más el peso del gasto público. Ambos niveles de gobierno deben seguir bajando el peso del gasto y los impuestos en el PBI, para tener una economía estable y competitiva. Los municipios también".

El economista explica que "si el PBI crece, se puede alcanzar ese objetivo con un gasto que no suba más que la inflación". Sin embargo advierte que el gasto público en lo que va de 2025, bajó entre enero y mayo un 0,2% anual real a nivel nacional.

"Pero en un conjunto de 17 provincias que publicaron datos del primer trimestre, sus erogaciones suben un 21% anual promedio. Si esta situación se confirma para el consolidado de 24 jurisdicciones, estaríamos en un problema, porque se estaría revirtiendo el ajuste provincial del año previo y habría a futuro menos posibilidades de bajar impuestos provinciales".

Resultaría más difícil mejorar la competitividad

Capello aborda los efectos posibles de los proyectos impulsados por los gobernadores, para que los ATN se coparticipen y para que la participación de las provincias en la recaudación del impuesto a los combustibles pase del 25% al 57%.

"En ambos casos, los mayores ingresos para provincias serían de libre disponibilidad". Son iniciativas que -junto al aumento jubilatorio- pondrían en duda el superávit y la competitividad de la economía.

"Se justificaría el envío automático de ATN a provincias si éstas bajan impuestos distorsivos, como el impuesto de Sellos o Ingresos Brutos, o utilizan los recursos para financiar reformas pro-competitividad. Pero sería muy mala idea que los recursos extras alimenten el gasto corriente provincial", advierte el economista.

Además apunta que el dinero del ITC que debería ir a las rutas y la infraestructura hídrica, si pasa a manos provinciales debería tener similar destino, más allá de la suerte de la incierta concesión para que capitales privados revitalicen la infraestructura vial.

Riesgo País

Capello explica que para que Nación y Provincias "accedan al financiamiento externo, que ayude a viabilizar la transición, debe bajar el riesgo país, como mínimo 200 puntos. Pero el riesgo país difícilmente baje en un contexto en que la oposición y gobernadores logren aprobar leyes sobre jubilaciones y otras erogaciones que dinamitarían el equilibrio fiscal y las posibilidades de mejorar la competitividad de la economía. En definitiva, un perro que se muerde la cola".

El desafío de la política

"¿Cómo alinear incentivos entre niveles de gobierno, en un país federal, para lograr estabilizar la economía y ganar competitividad? Desde la política real, se trata de un problema de incentivos e intereses", dice Capello.

"Bajar la inflación le genera votos al presidente, no a los gobernadores o intendentes. Para éstos, cosechar votos significa hacer obra pública, mejorar los salarios de los agentes públicos y minimizar los conflictos en un año electoral.

"En determinadas situaciones, dichos incentivos suelen conducir a un mayor gasto público, deteriorando las posibilidades de estabilizar y darle competitividad a la economía. ¿Qué 'palancas' tiene un presidente en Argentina para alinear incentivos de gobernadores e intendentes? Históricamente se usaron con este fin las transferencias discrecionales" ya eliminadas por la administración Milei.

Mientras Córdoba o Santa Fe procuran crédito internacional, Capello reconoce que precisamente el endeudamiento externo es uno de los "incentivos" para alinear a los gobiernos a bajar impuestos y ganar competitividad.

"Las provincias tienen actualmente capacidad de endeudamiento, pues su stock de deuda pasó del 7,4% del PBI en 2019 a 3,9% en 2024. Con financiamiento, podrían exhibir mayores niveles de obra pública y ganar competitividad electoral. Claro que se trata de un recurso que no estaría al alcance de todas las jurisdicciones, si no sólo para las de mayor ingreso per cápita y con mejores antecedentes fiscales en el pasado".