Rogelio Alaniz
Raúl Alfonsín decidió asumir la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983. El acto fue concebido como una jubilosa fiesta popular y el flamante mandatario habló desde el Cabildo, una manera visible de marcar diferencias con la tradición de presidentes hablando desde los balcones de la Casa Rosada. Una multitud se hizo presente en la Plaza de Mayo para celebrar el retorno de la democracia. La gente entonaba cánticos a favor de la vida, de la paz y en contra de los militares.
Después de siete años de dictadura, la sociedad ganaba la calle para reivindicar el Estado de derecho. En esa pasión, en esa euforia, en esa alegría, había mucho de esperanza y de ingenuidad. Se suponía que se iniciaba el reinado de la concordia y la justicia. El presidente electo había reiterado en sus discursos que con la democracia se educa, se come y se cura. El concepto era audaz, novedoso y, además, invitaba a creer.
La fecha, no por casualidad, coincidía con la de la declaración universal de los derechos humanos. La democracia se confundía con el imperio del derecho y la justicia. Todavía no se conocían cuales habrían de ser las decisiones prácticas de Alfonsín en la materia, pero se daba por hecho que los culpables de la represión serían juzgados. Los más escépticos o los más concientes acerca de los rigores del poder, tenían sus dudas no sólo sobre la viabilidad del juicio, sino sobre la viabilidad misma de la democracia que se inauguraba. En los corrillos de la izquierda -pero no sólo de la izquierda- se suponía, casi como una certeza, que más temprano que tarde los militares regresarían al poder. Medio siglo de intervenciones militares autorizaban esas prevenciones.
La fiesta del 10 de diciembre era la culminación de esa otra fiesta popular que significó el triunfo de Alfonsín el 31 de octubre, cuarenta días antes. El resultado de las urnas había sido sorpresivo. Por inercia, por hábito, se creía que el peronismo sería el ganador de la contienda. En las usinas radicales siempre se dijo -un poco en broma, un poco en serio- que el único que tenía confianza en la victoria radical era Alfonsín.
La derrota de los militares incluía la derrota del peronismo y del sindicalismo forjado en esa tradición. El pacto sindical- militar denunciado por Alfonsín durante la campaña no necesitó ser probado en los tribunales; por prejuicio, intuición o certeza intelectual la gente sabía que efectivamente una de las claves del pasado que se intentaba dejar atrás era el acuerdo corporativo entre militares y sindicatos.
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