Frente a lo ocurrido con la cobertura del caso Candela, el Foro de Periodismo Argentino emitió un comunicado autocrítico en el que expresa una serie de recomendaciones a tener en cuenta:
/ Ninguna noticia justifica poner en riesgo una vida. En las coberturas periodísticas de tomas de rehenes, el periodista no obstaculizará la tarea policial y judicial, y dejará que exclusivamente los funcionarios públicos se ocupen de resolver la situación.
/ Los periodistas no aplican métodos propios de los servicios de inteligencia para obtener información. El uso de procedimientos no convencionales para lograr datos u obtener testimonios puede ser considerado sólo cuando se viera involucrado un bien o valor público. Nunca debe afectarse con ese fin la intimidad de las personas.
/ Nunca priorizar la primicia a la vida de una persona.
/ El periodista debe respetar la privacidad de las personas. Sólo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona, puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de un particular.
/ No adelantar los pasos judiciales de manera que se pudiera poner sobre aviso a los delincuentes que intervienen en el hecho.
/ En toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. Los pronunciamientos de las fuentes policiales no son suficientes para determinar culpas, ni siquiera cuando tienen la forma de comunicados oficiales.
/ En el caso de que víctimas de tragedias o incidentes, o sus familiares y allegados, prefirieran no exponerse a la prensa, debe respetarse su posición y evitar difundir imágenes o sonidos del momento en el que rehúsan la requisitoria periodística.
/ No deben publicarse los nombres de víctimas de delitos sexuales, a menos que se cuente con su consentimiento explícito.
/ Conociendo los antecedentes en la cobertura de temas vinculados al delito donde las fuerzas policiales dieron versiones erróneas o distorsionadas sobre el hecho investigado, intentar diversificar las fuentes de información y priorizar las fuentes judiciales.
/ No dar difusión a informaciones que no puedan ser chequeadas al menos por dos fuentes independientes entre sí y tratar de minimizar la utilización de fuentes que no puedan ser identificadas.
/ Consultar a las autoridades pertinentes y a los organismos responsables de la búsqueda de niños y/o adolescentes sobre si es recomendable en el caso específico dar difusión a la imagen de la víctima.
/ Consultar a especialistas idóneos y no al primero que aparezca con intención de hablar públicamente de un hecho que desconoce en manera directa. Es común que en el fragor de encontrar especialistas dispuestos a hablar, aparezcan en los medios peritos, abogados o ex policías con un largo prontuario de irregularidades. Eso suele dañar la rigurosidad de la información que se requiere en hechos tan graves y de semejante sensibilidad pública.
/ En ningún caso deben consignarse los nombres e imágenes de niños o adolescentes involucrados en actos criminales, ni siquiera por su nombre de pila, alias o apodo.
/ Facilitar los canales de información adecuados para volcar cualquier tipo de dato que pueda colaborar con la investigación judicial del caso.
/ Y, sobre todo, entender siempre que las víctimas son víctimas y los victimarios, victimarios. Con toda la responsabilidad que eso significa a la hora de informar a la ciudadanía y de no re-victimizar a quienes han sufrido un hecho de estas características.
































