Nueva marcha federal universitaria: convocan a movilizarse el 12 de mayo en todo el país

En el marco del conflicto que atraviesa el sistema universitario, se confirmó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, que se realizará el martes 12 de mayo de 2026 con movilizaciones en distintos puntos del país.

La jornada incluirá marchas en varias ciudades y tendrá su acto central en Plaza de Mayo, donde se espera una amplia participación de la comunidad educativa. La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina.

En paralelo, el conflicto suma nuevas medidas de fuerza. Se anunció un paro de una semana, del 27 de abril al 2 de mayo, que impactará en la Universidad Nacional del Litoral y sus escuelas preuniversitarias, con suspensión de actividades académicas durante ese período.

Desde el sector advierten además por el deterioro de los recursos y los ingresos. Las transferencias de fondos a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, según denuncian desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de todo el país. En tanto, los gremios docentes y no docentes señalan que la pérdida salarial ronda el 40% en estos dos años.

Desde las organizaciones convocantes indicaron que tanto las medidas de fuerza como la movilización buscan visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas y reunir a estudiantes, docentes y autoridades en un reclamo común. Será una nueva expresión a nivel nacional en defensa del sistema universitario, en un contexto marcado por debates sobre financiamiento, condiciones laborales y sostenimiento de la actividad académica.

Mientras tanto, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se dirime en la Justicia. La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que el caso llegue a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno busca frenar la ejecución de los fondos adeudados (alrededor de $2.5 billones) a las 56 casas de estudio, argumentando que la ley no establece una fuente clara de financiamiento y genera impacto fiscal.