Endurecen sanciones por fiestas clandestinas en viviendas alquiladas en Rosario

El Concejo Municipal de Rosario se encamina a aprobar una reforma clave para combatir el aumento de fiestas clandestinas que se realizan en viviendas alquiladas temporalmente a través de plataformas digitales.

La medida busca frenar un fenómeno que, lejos de desaparecer tras la pandemia, se ha reconfigurado con nuevas modalidades y afecta directamente a la convivencia en numerosos barrios de la ciudad.

La normativa vigente, sancionada en 2020 para limitar reuniones ilegales durante la emergencia sanitaria, será ampliada para incorporar un enfoque más preciso sobre los inmuebles que son ofrecidos para eventos masivos sin habilitación.

En los últimos meses se han multiplicado las denuncias vecinales por ruidos molestos, cortes de tránsito y alteración del orden público en zonas residenciales.

La iniciativa contempla multas millonarias para propietarios y organizadores de fiestas no autorizadas. En base a los datos oficiales a los que accedió El Litoral, las sanciones oscilarán entre los 3 y los 6 millones de pesos, y podrán aplicarse incluso cuando no se compruebe el cobro de entrada, siempre que haya indicios claros de que el evento persiguió un fin comercial.

Nuevo esquema

El nuevo esquema establece que bastará con verificar al menos dos de nueve criterios para que el evento sea considerado sancionable. Entre ellos, se destacan la reiteración de encuentros similares en una misma propiedad, la ausencia de residentes en el lugar durante el evento, la presencia de promotores o DJs contratados, o la publicidad del inmueble en redes sociales con fines festivos.

También serán tenidas en cuenta las quejas de los vecinos, el uso desproporcionado del espacio —que supera largamente la capacidad de una vivienda habitual— y la instalación de estructuras temporarias o sistemas de sonido profesional. Estos elementos configuran una situación irregular que, según autoridades municipales, distorsiona el uso del suelo urbano y pone en riesgo a quienes participan.

El proyecto fue impulsado desde la presidencia del Concejo ante la dificultad creciente de fiscalizar este tipo de encuentros, que en muchos casos escapan al control tradicional por su carácter privado pero se organizan con lógica empresarial. Desde el Ejecutivo local aseguran que contar con herramientas legales más estrictas permitirá actuar con mayor celeridad y eficacia.

La preocupación de fondo también apunta a evitar la competencia desleal hacia salones habilitados y clubes que deben afrontar costosos requisitos de insonorización, habilitación y medidas de seguridad. En cambio, quienes alquilan viviendas para fiestas no se someten a esas exigencias pero obtienen una ganancia similar o superior.

Zonas afectadas

Las zonas más afectadas por esta modalidad han sido tradicionalmente barrios como Fisherton, Alberdi o partes del macrocentro, donde casas de mayores dimensiones son ofrecidas para eventos. Sin embargo, la proliferación de plataformas y redes ha extendido el fenómeno a casi toda la ciudad.

El debate sobre la reforma ya pasó por comisiones y será tratado en el recinto en las próximas sesiones. Se espera que cuente con amplio respaldo, en línea con una demanda ciudadana que ha ido creciendo al ritmo del malestar por estas celebraciones no autorizadas.

Con la modificación aprobada, la Municipalidad podrá intervenir más rápidamente ante una denuncia, incluso sin necesidad de comprobar la venta de entradas. La sola reiteración de eventos, sumada a evidencias como contrataciones o promociones en redes, bastará para aplicar sanciones.

De este modo, Rosario se prepara para enfrentar una problemática que no sólo afecta la tranquilidad de los barrios, sino que pone en tensión las reglas de convivencia urbana. Con una norma más ajustada a los tiempos actuales, el Estado local busca recuperar el control sobre el uso del espacio residencial y desalentar las prácticas ilegales que lucran a costa del desorden.