Rechazo de la CCIV al Decreto 196/2025: advierten retrocesos en la seguridad vial

CONTENIDO REALIZADO PARA CCIV

La Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) expresó su profunda preocupación ante el Decreto 196/2025, emitido recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional, que introduce modificaciones en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Las reformas propuestas afectan directamente al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), considerado por la entidad como un pilar fundamental para garantizar la seguridad vial.

Carlos López, director ejecutivo de la CCIV, señaló que el decreto "adolece de varias falencias" y que "tiene una técnica normativa bastante mala". En diálogo con CyD Noticias, explicó que el texto “invade competencias de las provincias porque avanza sobre cuestiones que son competencia originaria de las jurisdicciones, como son la seguridad vial y el tránsito”.

Uno de los puntos más controvertidos es la extensión de los plazos para la primera RTO de los vehículos particulares: el decreto propone llevarlos de tres a cinco años. Para la CCIV, esta decisión carece de cualquier sustento técnico. “No existe en el expediente ni en el decreto ningún fundamento que motive el cambio de frecuencia”, subrayó López. Y agregó: “Las piezas tienen desgaste, los sistemas de los vehículos se deterioran con el uso. Cambiar estos plazos sin justificación es una medida arbitraria e irresponsable”.

Conflictos de interés y riesgo institucional

Otro aspecto que despierta alarma es la habilitación de concesionarios, talleres mecánicos e importadores para realizar inspecciones técnicas. Según López, esto representa una violación directa de los principios de imparcialidad y calidad que rigen la actividad. “La revisión técnica es una actividad única porque trabajamos bajo normas europeas que nos impiden participar en cualquier parte de la cadena de valor vehicular. Eso garantiza nuestra independencia”, explicó. Para la CCIV, permitir que actores vinculados al comercio y reparación de vehículos certifiquen su estado técnico “genera conflictos de intereses graves y pone en riesgo la validez del sistema”.

Además, el decreto plantea la posibilidad de transferir competencias de control a las provincias, decisión que —según la CCIV— fue tomada sin la debida consulta. “Ya se están generando medidas de amparo en distintas localidades. Esto es un retroceso. El decreto parece más una improvisación que una política seria en materia de seguridad vial”, sostuvo el directivo.

Acciones legales y diálogo institucional

Ante este panorama, la Cámara inició acciones tanto administrativas como judiciales. “Interpusimos una acción administrativa contra el decreto y también numerosos amparos en juzgados federales de todo el país. La medida vulnera principios constitucionales, degrada la RTO a un simple trámite y juega a la ruleta rusa con la seguridad de los argentinos”, enfatizó López.

La CCIV cuenta con centros asociados en múltiples provincias, incluyendo Santa Fe, Salta, Tucumán, Jujuy y Buenos Aires, entre otras. También se mantiene en diálogo con autoridades locales. En Santa Fe, confirmaron contactos con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, desde donde manifestaron que el decreto “se encuentra en estudio”, especialmente en lo referido a las modificaciones en la emisión de licencias de conducir.

Un llamado a la reflexión

Finalmente, desde la CCIV pidieron al Gobierno Nacional que reconsidere la medida y abra una instancia de diálogo. “Nuestro objetivo es salvar vidas, no burocratizar trámites. Pedimos que se fortalezcan los sistemas de inspección con tecnología y transparencia, y no con improvisaciones. Esta reforma pone en riesgo lo que tanto costó construir en materia de prevención”, concluyó López.

La entidad pone a disposición de la ciudadanía su Observatorio de Seguridad Vial, donde pueden consultarse datos sobre el impacto positivo de la RTO en la reducción de siniestros. “No se trata de hacer más fácil un trámite, se trata de evitar muertes”, sentenció el referente.