Las Instituciones en Ciencias Económicas solicitaron ante AFIP la derogación de la RG AFIP 4838/2020

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas junto a todos los Consejos del país dio inicio a un reclamo administrativo para solicitar la derogación de la Resolución General 4838 (B.O. 20/10/2020) mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la implementación de un “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”. Dicho reclamo fue realizado junto a los 23 Consejos que integran la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Con gran preocupación los Consejos profesionales de todo el país iniciaron junto a la FACPCE múltiples gestiones ante la AFIP en relación con la normativa RG 4838/2020, sin éxito. Por este motivo se interpuso un reclamo administrativo para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que la normativa presenta.

Las Instituciones en nombre de sus matriculados consideran que es necesaria su derogación por cuanto la implementación del Régimen Informativo atenta contra el derecho/deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita.

Resulta inadmisible a la ética profesional que la AFIP pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional.

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La obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los principios constitucionales.

Las Instituciones entienden en defensa de sus profesionales que la AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debe circunscribir su función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal función discrecional no puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad.

Por lo antes expuesto las disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos. Por tal motivo, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al igual que los otros 23 Consejos del país se impulsa su derogación a fin de resguardar a los matriculados y sus derechos que con esta normativa serían transgredidos