Las mujeres y los jóvenes son los grupos más vulnerables en el mercado inmobiliario

Los hogares sostenidos por mujeres, por jóvenes, personas trans o inmigrantes afrontan situaciones de mayor vulnerabilidad a la hora de alquilar, dado que deben destinar “una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler”, reveló un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Marti (UNSAM).

Según el Indice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI), estos grupos deben destinar una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler y además suelen alquilar sin contrato escrito y se alojan en viviendas más precarias.

Las situaciones descriptas se producen en “un contexto de incertidumbre económica y precariedad laboral”, en el que crece el peso de los alquileres, junto con “el riesgo de que se interrumpan los ingresos”, lo que abre “la posibilidad de un desalojo”.

Todo lleva a que para muchos la alternativa de alquilar sea “cada vez más frágil”, reportaron.

El IVI, basado en una encuesta telefónica de hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires, fue presentado como un instrumento destinado a medir el grado de vulnerabilidad de los que alquilan y para el estudio se tomaron distintas variables como las características del contrato hasta las posibilidades de los grupos familiares para poder cumplirlo.

El relevamiento mostró que existen inquilinos “cuya situación es particularmente vulnerable” y ejemplificó con el caso “de los hogares sostenidos por mujeres o por personas trans-travesti o no binaries, de quienes alquilan de palabra, de las personas desocupadas, de quienes reciben la AUH, jóvenes, migrantes recientes, quienes alquilan en villas y asentamientos, entre otros”.

El informe precisó que “en el caso de los hogares sostenidos por mujeres y personas trans-travesti o no binaries, la alta vulnerabilidad llega al 34% y 38%, respectivamente”.

Mientras tanto, “en aquellos hogares que son sostenidos por un varón, la alta vulnerabilidad se reduce al 26%”, añadió.

En cuanto a las diferencias por edades, reportó que “la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el mayor nivel de vulnerabilidad con un 33%” y señaló que la proporción desciende “a medida que crece la edad del sostén de hogar”.

La tendencia de los más jóvenes es “alquilar solamente una habitación, y de palabra” y eso, acotó, los conduce a “tener menor estabilidad habitacional”.

Los que alquilan en villas o en asentamientos “también concentran altos niveles de vulnerabilidad", alcanzando “el 44%, contra el 26% de quienes lo hacen en el resto de la ciudad” reportó el estudio y señaló que el alquiler en estos barrios populares “necesariamente es de palabra, por lo que quedan excluidos de los mecanismos de protección previstos” por ley para los que alquilan con contrato.

Por otro lado “el 35% de los hogares inquilinos con niños u otras personas que requieren cuidados tienen alta vulnerabilidad, pero si el hogar está sostenido por una mujer llega al 40%”. añadió y apuntó que el contraste es “muy marcado” con el de los hogares sin niños u otras personas de cuidado ya que en esos casos “la alta vulnerabilidad se reduce al 15%”.

Señaló, además, que “el 54% de los hogares inquilinos encuestados respondió que alquila ‘de palabra’, sin contrato por escrito” y que de ese porcentaje, “el 43% está en una situación de vulnerabilidad alta, mientras que entre quienes cuentan con contrato escrito solo un 14% registra ese nivel de riesgo”.

“Uno de cada tres inquilinos declaró tener deudas de alquiler, una proporción que llega al 41% en los hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020” agregó el informe del CELS y la Escuela IDAES que concluyó que “las mujeres jefas de hogar, migrantes, jóvenes y quienes alquilan en villas y asentamientos, requieren políticas urgentes que respondan a sus dificultades particulares”.

La ley de alquileres sancionada en 2020 crea un Programa Nacional de Alquiler Social con herramientas como líneas de subsidios al alquiler, mecanismos de fiscalización para que locadores y locatarios cumplan con el marco normativo, la creación de un seguro público y de instancias de resolución de conflictos pero aún “no fue implementado”,indicaron los autores del informe.

Ante ello, concluyeron que “se requiere controlar efectivamente los crecientes incumplimientos y avanzar en la implementación del Programa”.

Con información de Télam