Se oficializó el Programa de Inclusión Laboral para los beneficiarios de planes sociales

El Gobierno Nacional oficializó el Programa de Inclusión Laboral que impulsará a los beneficiarios a ser insertados en el mercado laboral a la par que recibirán ayuda estatal. A través de la publicación del Decreto 565/2023 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pasará a estar a cargo del programa de capacitación laboral que buscará que las personas que se desempeñen en el ámbito de la Economía Popular sean incluidos en el sistema formal de trabajo.

Los ciudadanos que se encuentren inscriptos en calidad de titular en el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social - Potenciar Trabajo que fue creado en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social también pasarán a estar enlistados en el Programa de Inclusión Laboral.

Qué establece el decreto

Según el 3° artículo del decreto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social deberán promover en conjunto políticas y programas de capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo.

En el mismo sentido, tendrán que desarrollar actividades socio-productivas, socio-laborales o socio-comunitarias que serán auditadas por la Unidad Productiva que se creará con el fin de garantizar su cumplimiento. Además, estarán encargados de la transferencia de créditos presupuestarios, bienes y dotación de personal que sean necesarios para que el programa sea implementado.

La medida fue adelantada el martes pasado por el ministro de Economía después de que manifestara: “Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales, pasen a ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. De esta forma, el candidato presidencial anticipó que “van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada ciudad y de cada una bolsa de empleo”.

Por otro lado, el titular de la cartera económica señaló que el programa se consolidará junto a otra medida nombrada como “Puente al Empleo”, el cual buscará que la persona que cobre un plan social pueda trabajar en una empresa en simultáneo. En cuanto a este proyecto, Massa explicó que el beneficiario “va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome, va a tener que completar el salario de convenio”, en referencia a los beneficios que obtendrían ambas partes.

En el caso de los empleadores que contraten a titulares de programas de desarrollo social no deberán pagar cargas sociales durante los primeros dos años de trabajo de la persona en la empresa. Además, aquellos que hayan contratado antes de la oficialización de las medidas también gozarán de una extensión no pagar contribuciones hasta que se cumpla el plazo de los 24 meses.

“Es importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones y garantía de oportunidades para que la Argentina del trabajo sea una realidad”, destacó el funcionario público en referencia a que políticas públicas contribuirán a que se garanticen los derechos plasmados en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, en donde se enfatiza que todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar en condiciones dignas y equitativas de labor, ser protegidos por la ley, gozar de un salario mínimo, vital y móvil, contar con descanso y vacaciones pagas, entre otras.

En paralelo, Massa señaló que también se buscará integrar en el mercado laboral a las personas con discapacidad, con el mismo objetivo de que puedan acceder a los derechos mencionados anteriormente. Por esta razón, quedará abolida la restricción de que puedan acceder a un trabajo sin perder la pensión que reciben por ley.

“Un derecho protectivo que el Estado había diseñado, funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad. Tomamos la decisión de eliminar esa barrera, que de alguna manera representa el límite entre la pensión y el trabajo”, argumentó el ministro al indicar que se había tratado de una “absurda contradicción” y que sería un paso hacia “un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas”.