España: acusado por femicidio recupera su libertad y la tenencia de sus hijas

La muerte de Sofía Tato fue contabilizada como la número 36 que se cobraba la violencia de género en España en 2017. Este jueves, el jurado popular que ha juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Cáceres a su marido, Santiago Cámara, lo absolvió por unanimidad de un delito de homicidio al considerar que el hombre actuó en legítima defensa.

Sofía Tato Pajares, ama de casa, de 42 años, amaneció muerta el 24 de agosto de 2017 en su casa de Arroyo de la Luz (Cáceres). Llevaba 14 años casada con Santiago Cámara, albañil de 42 años, y el matrimonio tenía dos hijas, de 9 y 11 años entonces, quienes estaban en el domicilio cuando sucedieron los hechos. No había denuncias previas ni aparentemente conflictos entre ellos. El cadáver de Sofía presentaba una puñalada mortal en el pecho. Su marido, también malherido por arma blanca, tenía una herida en el tórax y varios cortes en el cuerpo. Santiago Cámara ingresó en la UCI, donde pasó varios días, y fue enviado a prisión cuando salió de ella. El ayuntamiento de Arroyo de la Luz decretó dos días de luto oficial y se celebró una concentración bajo el lema «No a la violencia contra las mujeres».

En diciembre de 2017, tras 93 días en prisión, Santiago fue puesto en libertad provisional en espera de juicio. Su versión sobre lo sucedido comenzaba a cuadrar con los datos recabados por los investigadores. Él decía que, sobre las siete de la mañana de aquel día, cuando aún estaba acostado, su mujer lo había atacado con un cuchillo y que en el forcejeo el arma se le clavó en el pecho. "Fue todo muy rápido, mi mujer me acuchillaba y decía: 'Te voy a matar a ti y a tus hijas'", declaró durante el juicio, según recoge la prensa local.

Los nueve miembros del tribunal del jurado, apoyados en pruebas como el informe de criminalística de la Guardia Civil, que apuntaba a que Sofía inició la agresión, han dado la razón a la tesis de la defensa y se han decantado por la absolución. "En cuanto a la autoría no existía ningún tipo de duda", explica Emilio Cortés, el abogado de Santiago Cámara. "Lo que pretendíamos es que se contemplaran algunas eximentes, fundamentalmente el miedo insuperable y la legítima defensa, al entender que su actuación fue consecuencia de una alteración de su entendimiento por las cuchilladas que había recibido previamente", añade.

La Fiscalía pedía tres años de cárcel por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y el agravante de parentesco. Las acusaciones particulares, ejercidas por los padres de Sofía y por la Junta de Extremadura en representación de sus dos hijas, solicitaban 12 años y medio por homicidio. "Él estaba pendiente de que el veredicto fuera favorable y no pasar a la historia como un agresor gratuito que había dado muerte a su mujer de forma poco menos que caprichosa", dice el letrado. Sofía Tato tenía un guante de látex en la mano con la que empuñó el cuchillo, lo que dio pábulo a la hipótesis de que pretendía simular un robo para justificar la abultada cantidad de dinero que faltaba en las cuentas del matrimonio.

Emilio Cortés tiene otra teoría sobre el móvil. "Ella había ido disponiendo en la entidad bancaria de todos los ahorros de la familia, en torno a unos 108.000 euros, y ese dinero había sido enviado a distintos países europeos y, sobre todo, africanos, en los que vendría a ser una forma de estafa, de cartas nigerianas o algo parecido", explica. "Entonces, ella empieza una serie de actuaciones o de maniobras para encubrir esa situación que parece que le avergüenza o que no quiere que sea descubierta. El día que sucede el crimen habían quedado con el director de la entidad para que le facilitara a mi cliente una explicación de dónde había ido el dinero. El móvil puede estar en que mi cliente ya se plantó ante tantas mentiras, forzó una reunión con el director del banco y ella, para evitar que se supiera la verdad, intentó darle muerte a don Santiago".

Anuncia el letrado también que, al margen de si las acusaciones recurren o no la sentencia, pedirá que a Santiago se le devuelva la patria potestad de sus hijas, de la que fue privado como medida cautelar. Las menores, que hoy tienen 14 y 12 años, han pasado los tres últimos, desde que sucedieron los hechos, con los abuelos maternos. "Lo natural es que si ha desaparecido el motivo que las mantenía alejadas de su padre reanuden la convivencia con él, con la correspondiente ayuda psicológica que se entienda necesaria", dice Cortés. "Y, sobre todo, lo que sí espero, y es un deseo personal, es que se les explique razonablemente a esas hijas lo que verdaderamente ha sucedido, lo que dice la Justicia que ha sucedido, para que puedan alcanzar a entender lo que pasó aquella mañana de agosto de 2017".