Evo Morales, entre la inhabilitación y las denuncias: el futuro político boliviano en vilo

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ratificó que Evo Morales no puede postularse nuevamente como candidato presidencial, ampliando la prohibición para impedirle ser vicepresidente o presidente de las Cámaras legislativas.

Paralelamente, Morales enfrenta una denuncia presentada en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, incluyendo masacres, torturas y trato inhumano. La presentación fue realizada por el Foro Argentino por la Democracia y recayó en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Además, el exmandatario es acusado en Bolivia de abuso sexual a menores, con al menos siete denuncias en su contra y dos órdenes de aprehensión por estupro y trata de menores.

En este contexto, la izquierda boliviana busca reorganizarse. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, considerado heredero político de Morales, anunció su candidatura para las elecciones de agosto de 2025, marcando un distanciamiento con el exmandatario.

La situación se agrava con una profunda crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, combustible e inflación, lo que ha generado descontento social y protestas.

Mientras tanto, Morales permanece resguardado en el Chapare, su bastión político, desde donde continúa movilizando a sus seguidores y desafiando las decisiones judiciales en su contra.

La incertidumbre política y económica en Bolivia plantea desafíos significativos para el futuro del país, con una izquierda fragmentada y una oposición aún sin consolidarse.

Un historial de abusos sistemáticos y justicia condicionada

Durante sus catorce años en el poder, Evo Morales acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos que hoy alimentan una causa internacional.

La presentación realizada en Argentina señala patrones de persecución política, represión estatal y uso arbitrario del sistema judicial, en un contexto donde las garantías procesales estaban debilitadas. Casos como el del ciudadano alemán Dirk Schmidt, el expediente "Terrorismo 1", la muerte de Marco Aramayo tras más de 250 procesos judiciales, y el encarcelamiento injustificado de Alberto Díez Luque forman parte de un entramado que los denunciantes consideran sistemático y con participación directa del expresidente.

La demanda invoca el principio de jurisdicción universal, amparado por la ley argentina 26.200, argumentando que Bolivia no ha mostrado voluntad real de juzgar estos hechos dentro de sus fronteras.