«Impeachment ya» vs. «No habrá golpe»: los alegatos pro y contra Dilma

El Litoral

Ana María Pomi - DPA

Los debates de la comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil que votó ayer a favor de que la presidenta Dilma Rousseff sea enjuiciada por el Senado estuvieron divididos entre las consignas de "No habrá Golpe" e "Impeachment ya".

El abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, y el relator del proceso en la comisión parlamentaria, diputado Jovair Arantes, fueron quienes en sendas exposiciones sintetizaron los argumentos utilizados luego por los legisladores, con algunos matices y mucha tensión.

En su calidad de relator de la acción, Arantes presentó el viernes su dictamen favorable a la apertura de juicio político contra Rousseff, el cual fue avalado hoy por 38 votos a favor y 27 en contra, sobre un total de 65 integrantes de la comisión.

La resolución será sometida a votación en el plenario de la Cámara Baja, presuntamente el domingo, cuando se necesitarán 342 votos a favor del proceso para que pase a discusión en el Senado.

Según el abogado del Gobierno, la apertura de un juicio político contra Rousseff será recordado como "el golpe de abril de 2016", puesto que, afirmó, la mandataria no cometió ningún delito.

"La historia no perdonará (la destitución de Rousseff) hecha en base a un informe (de Arantes) que no se sustenta", dijo Cardozo. Y agregó: "Lo que se quiere es el 'impeachment', poco importa si se rasga la Constitución o se viola la democracia".

"Tengo absoluta convicción de que la lectura imparcial y desapasionada de este informe es tal vez el mejor alegato de defensa que pueda tener la presidenta. Las contradicciones, los equívocos conceptuales y el deseo político de llegar al 'impeachment' quedan revelados en la lectura de este informe", afirmó.

Agregó que las acusaciones que se le imputan a la mandataria, como violar la Ley de Responsabilidad Fiscal al atrasar el pago a los bancos públicos de recursos destinados a beneficiarios de programas sociales y abrir líneas de crédito por decreto sin el aval del Congreso, son prácticas que fueron realizadas por otros Gobiernos cuyas rendiciones fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas (TCU).

"¿Por qué los actos de este Gobierno son dolosos, y el TCU aceptó eso por años?", se preguntó el abogado.

"Este informe (del relator) es la demostración de que no hay delito de responsabilidad. (...) Este informe no expresa condiciones para destituir a la presidenta legítimamente elegida", enfatizó.

Cardozo insistió en que el inicio del proceso en diciembre pasado fue una "venganza" del presidente de Diputados, Eduardo Cunha, que lo aceptó pocas horas después de que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) votara a favor de la apertura de un proceso de impugnación de su mandato, que tramita en la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

"Este proceso de 'impeachment' nace con un pecado original, con un vicio, que está en la utilización por parte de Su Excelencia, presidente de la Cámara, como venganza", afirmó.

Por su parte, Arantes resaltó que la población "clama" porque el proceso contra la presidenta avance al Senado. Y dijo que si tuviera alguna duda de que Rousseff cometió los delitos previstos en la Ley de Responsabilidad, igual se pronunciaría en favor de la población.

"Ante la eventual duda, si ésta existiese, lo que no es el caso ante los fuertes indicios, no me pronunciaría por la presidenta y sí por la sociedad brasileña, que clama por la profundización de las investigaciones. Si no hay delito, como insiste la defensa, la presidenta será absuelta. No veo razón alguna para impedir la investigación", afirmó.

El relator se refiere a la segunda etapa del proceso, que se tramitará en el Senado si la Cámara Baja así lo decide el domingo.

La Cámara Alta votará primero la admisibilidad de la acción, y si considera que tiene mérito, votará por abrir o archivar el juicio.

Si el juicio es abierto, Rousseff es apartada del cargo durante 180 días mientras dura el trámite. Si es considerada culpable, será automáticamente destituida y asumirá en su lugar su vice, Michel Temer.

"No hay más clima (favorable) para este Gobierno. Es un Gobierno arrogante y autoritario que no acepta opiniones divergentes", dijo Arantes.

"Los hechos narrados en la denuncia revelan serios indicios de que fueron cometidos delitos. No hay condena (en la Cámara Baja) ni estamos apartando (del cargo) a la presidenta de sus funciones. Solo debemos analizar si la presidenta tendrá o no oportunidad de probar sus alegaciones en el Senado Federal. Es allí que se realizará el juicio", afirmó.

Si la Cámara Baja no autoriza la apertura del juicio, "la población desconfiará de que no tuvimos coraje para profundizar las investigaciones. Una crisis de esta naturaleza solo se resuelve con la profundización de las investigaciones. No tengan miedo", dijo a sus colegas.