Nuevos enfrentamientos en Bolivia por el conflicto de cocalero

Una nueva jornada de enfrentamientos entre agentes policiales y productores de hojas de coca que intentan retomar su sede en La Paz se saldó el viernes con nuevas detenciones y destrozos en una unidad de la Policía, incluida la quema de cinco vehículos.

Decenas de cocaleros marcharon nuevamente en los barrios de Villa El Carmen y Villa Fátima con la intención de llegar hasta la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), donde también funciona uno de los dos mercados legales autorizados para la venta de coca en el país.

La Policía, que está desplegada en los alrededores del mercado desde que comenzó el conflicto, volvió a frenar el avance de los movilizados con cargas de gases lacrimógenos, ante lo cual los manifestantes respondían lanzando piedras y detonando de petardos.

"La información preliminar es que no hay ninguna persona herida, sólo son daños materiales cuantiosos al interior de este módulo policial", dijo a la agencia Efe el director de Bomberos La Paz, Marco Navia.

A causa del conflicto la Alcaldía de La Paz dispuso el cierre temporal de la terminal de autobuses de Minasa y evacuó a su personal y los vehículos que se encontraban en el lugar, cercano a la unidad policial dañada.

El problema se originó en una disputa entre dos sectores de cocaleros identificados como afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y un tercero del dirigente opositor Armin Lluta, por la presidencia de Adepcoca.

El lunes, Arnold Alanes se proclamó como principal dirigente de Adepcoca, pese al rechazo de las facciones lideradas por Lluta y Fernando Calle.

Alanes tomó control de la sede y del mercado el martes, con apoyo de la Policía que cargó con gases lacrimógenos contra cocaleros del grupo de Lluta que estaban en vigilia desde hace meses en el lugar.

La presidencia de Alanes ha sido avalada por el gobierno de Luis Arce, lo que generó el rechazo de los sectores cocaleros que critican al dirigente y que aseguran que el Ejecutivo debería mantenerse al margen de un asunto de una institución que no es estatal.