Marruecos reconoció que tiene "frontera terrestre" con España

Marruecos ha transmitido por carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que "no cuenta con fronteras terrestres con España" y que resultad "inexacto" considerar "la separación" con Melilla como una frontera, ya que la ciudad autónoma es un "presidio ocupado". Unas palabras que, horas más tarde, han sido rectificadas por un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí, que ha afirmado a la agencia Efe que la declaración conjunta firmada entre Marruecos y España el pasado 7 de abril sí reconoce que entre los dos países existen "fronteras terrestres".

El Gobierno marroquí se había expresado con los primeros términos en su respuesta a la ONU, que había pedido explicaciones acerca del "uso excesivo y letal de la fuerza" en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio, donde fallecieron en torno a una treintena de personas.

No obstante, horas después lo expresado en el escrito fue matizado por fuentes del ministerio de Exteriores: Marruecos y España, según el acuerdo firmado el pasado 7 de abril, sí comparten "fronteras terrestres".

En la misiva enviada a la ONU, a la que ha tenido acceso Europa Press, Marruecos recalcaba que no cuenta con frontera con España, debido a que "Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso".

Así, Marruecos corrige tras sostener su posición histórica acerca de la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ante estas declaraciones, el Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que aproveche su intervención de este jueves en el Congreso para "defender la soberanía nacional y la integridad territorial de España", tal y como ha solicitado la portavoz de la formación, Cuca Gamarra.

A ello, Sánchez ha zanjado tajantemente que las ciudades autónomas pertenecen a la soberanía de nuestro país: "Ceuta y Melilla son España, punto", ha lanzado en el Congreso.

Nueva etapa de relaciones

La afirmación del reino alauí se produce en un momento dulce en la relación entre España y Marruecos, que el pasado abril iniciaron una nueva etapa en la relación diplomática después de la carta remitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI afirmando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es "la base más sólida, realista y creíble" para una solución al conflicto.

Del encuentro de Sánchez con el monarca alauí el 7 de abril salió una declaración conjunta en la que, entre otras cosas, se anunciaba "la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías" se restablecería "de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo".

Esto se traduciría, según dijo el propio presidente del Gobierno desde Rabat, en la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos de forma unilateral en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde no existía hasta la fecha.

Aunque el Gobierno marroquí no confirmó en ningún momento este extremo, tampoco desmintió al Ejecutivo español y de hecho las declaraciones de un alto cargo alauí cuestionando la viabilidad geográfica de las aduanas fueron a continuación rebajadas.

Apertura comercial

El pasado 21 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció con su homólogo marroquí, Naser Burita, a su lado, que la intención de los dos gobierno es que las aduanas abrirán durante el mes de enero.

"Hemos acordado trabajar para que el inicio del paso de mercancías de manera ordenada y gradual a través de los puestos aduaneros terrestres tenga lugar a lo largo del mes de enero", desveló Albares tras el encuentro mantenido con Burita en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

El ministro marroquí confirmó la intención de su país de cumplir con lo acordado en la declaración del 7 de abril y dijo que los dos países trabajarán para "un retorno a la normalidad de forma eficaz" en lo relativo al paso de personas y mercancías por los puestos terrestres y marítimos, confiando en que los "dispositivos" necesarios estén en marcha "desde el principio de año en el marco de una cooperación franca entre dos socios y amigos".

Por otra parte, en la misiva enviada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU -del que Marruecos será miembro a partir del 1 de enero- Marruecos denuncia la presión migratoria "sin precedentes" de la que es objeto y acusa a Argelia de "laxismo" al permitir el paso por su frontera de miles de inmigrantes con destino al territorio marroquí.

En cuanto a los acontecimientos del 24 de junio, denuncia la difusión de "informaciones falsas" respecto a lo sucedido, sostiene que los inmigrantes estaban organizados y tenían en muchos casos formación militar y denuncia la "violencia inusitada" con la que actuaron.

Por lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, recalca que los efectivos "estaban equipados exclusivamente con material de mantenimiento del orden sin ningún arma de fuego letal y no se hizo ningún disparo" y actuaron "en el respeto absoluto del principio de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza".

Veinte muertos

Asimismo, Marruecos recalca que los fallecidos fueron 23 y no los 37 que se recoge en la misiva remitida por los relatores de la ONU, y que fue la cifra que ofreció una organización de Derechos Humanos local, y asegura que las autopsias realizadas a todos ellos confirman que murieron por asfixia en la avalancha y no por arma de fuego.

Dicho todo esto, el Gobierno marroquí rebate la acusación de "racismo estructural y de tratamiento discriminatorio de individuos de ascendencia africana" -el objeto principal de la misiva de los relatores de la ONU- puesto que el país ha llevado a cabo "vastas operaciones de regularización de inmigrantes en situación irregular".

Por último, deja claro que "Marruecos no tiene ninguna responsabilidad en las devoluciones de inmigrantes en caliente" sino que "es la responsabilidad de las autoridades españolas". "Marruecos no hace sino sufrir las consecuencias de un fenómeno, cuya gestión securitaria, por sí sola, ya ha demostrado sus límites", añade.

Con todo, puntualiza que tras los acontecimientos del 24 de junio no se produjo ninguna de estas devoluciones y asegura que "Marruecos se opone a la devolución grupal de migrantes y a la expulsión colectiva de extranjeros".