La Justicia de Bolivia ratificó este lunes la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales y mantuvo vigente la orden de aprehensión en su contra luego de que no se presentara al inicio del juicio oral en Tarija.
La Justicia mantuvo vigente la orden de aprehensión contra el expresidente tras su ausencia en Tarija, donde debía iniciar el debate oral por trata agravada de menores.

La Justicia de Bolivia ratificó este lunes la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales y mantuvo vigente la orden de aprehensión en su contra luego de que no se presentara al inicio del juicio oral en Tarija.
El exmandatario está acusado de trata agravada de menores por una presunta relación con una adolescente durante su gestión presidencial y por supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor.
La audiencia debía comenzar durante la mañana en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el sur boliviano, pero fue suspendida tras la ausencia de Morales.
El juez Carlos Oblitas confirmó la continuidad de la declaratoria de rebeldía y de las medidas judiciales ya dictadas anteriormente contra el líder del Movimiento al Socialismo.
La defensa del expresidente había anticipado que Morales no asistiría al juicio porque considera que el proceso judicial carece de garantías legales e internacionales.
El abogado Nelson Cox aseguró días atrás que el tribunal “no está respetando estándares internacionales” y sostuvo que no correspondía la presencia de Morales en la audiencia.
Desde el inicio de la investigación, el expresidente denunció que el caso responde a una persecución política impulsada primero por el gobierno de Luis Arce y luego por la administración de Rodrigo Paz.
Sin embargo, Morales nunca negó públicamente el vínculo con la adolescente mencionada en la causa judicial.
Según informó el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, la investigación logró reunir más de 170 pruebas contra el exmandatario boliviano.
La causa apunta a una presunta relación mantenida durante la presidencia de Morales y al supuesto nacimiento de una hija en 2016.
El caso comenzó a avanzar formalmente en septiembre de 2024 y desde entonces la Justicia emitió distintas medidas cautelares tras las reiteradas ausencias del exjefe de Estado a las convocatorias judiciales.
En enero de 2025, la Justicia boliviana ya había dispuesto el arraigo de Morales, la anotación preventiva de sus bienes y la primera declaratoria de rebeldía.
Actualmente, el exmandatario permanece en Lauca Ñ, una región cocalera considerada su principal bastión político y sindical.
En las inmediaciones de su residencia, seguidores y militantes mantienen una vigilancia permanente para evitar una eventual detención por parte de las autoridades bolivianas.




