Tribunal determina que varios tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en Polonia

Polonia ha dado este jueves un paso de gigante hacia un choque frontal con el resto de socios de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional, en un veredicto demoledor y de consecuencias impredecibles, ha dictaminado que varios artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en su país, un veredicto que equivale a una declaración de guerra jurídica contra uno de los pilares fundamentales de la UE: la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

La rebelión del máximo intérprete de la Constitución polaco llega en un momento de tensión extrema entre Bruselas y Varsovia, con fuego cruzado cada vez de mayor calibre a cuenta del maltrecho Estado de derecho en el socio del Este. El fallo coloca a Polonia al borde de la ruptura legal con el bloque comunitario, ya que dinamita uno de los principales fundamentos en los que se apoya la arquitectura jurídica de la UE y del que dependen en gran medida desde el buen funcionamiento del mercado interior a la cooperación judicial transfronteriza o la integridad de la normativa comunitaria en todo el territorio de los 27 Estados miembros.

La resolución, que se había pospuesto hasta cuatro veces, da respuesta a una pregunta planteada en marzo al Constitucional por parte del Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), quien defendía la misma tesis que al final ha sostenido el alto tribunal: que el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo. El primer ministro polaco solicitó a la máxima autoridad judicial de su país que se pronunciara sobre la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional polaco y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.

“La sentencia de hoy del Tribunal Constitucional tiene en cuenta en gran medida la moción del primer ministro”, ha reaccionado enseguida el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, a través de redes sociales. “La primacía del derecho constitucional sobre otras fuentes del derecho se deriva literalmente de la Constitución de la República de Polonia. Hoy (una vez más) esto ha sido claramente confirmado por el Tribunal Constitucional”.

Tres de los cinco magistrados encargados de valorar el caso han apoyado un fallo cuyo centro de gravedad sostiene que la UE no tiene competencia para evaluar la Justicia polaca ni su funcionamiento, protegiendo así las reformas del poder judicial del PiS cuestionadas por Bruselas, y dando alas y una coartada jurídica a las autoridades para no cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. El partido del Gobierno asegura que las reformas buscan la modernización de un poder judicial con vestigios del sistema comunista; mientras que Bruselas ve en ellas una excusa para minar la independencia judicial, otro de los principios básicos del Estado de derecho.

Bruselas confiaba en obtener una resolución “salomónica”, en una de esas piruetas jurídica capaz de contentar a europeístas y euroescépticos a un tiempo, y oxigenar así las tensas relaciones que han ido agravándose desde hace meses. Pero el fallo resulta contundente. El comisario de Justicia, Didier Reynders, que se ha enterado del fallo en Luxemburgo, durante un Consejo de ministros de Interior y Justicia de la UE, ha pedido tiempo para valorar en profundidad los detalles de la decisión polaca, pero ha advertido de que habrá una respuesta: “Se está poniendo en tela de juicio una serie de principios en los que se funda nuestra Unión, y esto justifica que la Comisión, como guardiana de los tratados, tome cartas en el asunto”, ha dicho en una comparecencia tras la cumbre. “Llevamos tiempo actuando en este ámbito y de nuevo lo haremos”, ha añadido sobre la “escalada” que se vive con Varsovia “desde hace meses e incluso años”.

Igual que en una guerra de trincheras los soldados asoman la cabeza, disparan y luego aguardan tumbados el fuego de respuesta desde el otro lado, la decisión del constitucional polaco llega solo un día después de que el TJUE diera un nuevo golpe a Varsovia, al fallar que el traslado forzoso de jueces polacos para impedirles dirimir ciertos casos puede vulnerar los principios de la inamovilidad de los jueces y de la independencia judicial; el veredicto también cuestionaba el sistema de nombramiento de los miembros de las cámaras de apelación del Tribunal Supremo de Polonia y llega a reconocer que los magistrados polacos pueden obviar sus decisiones acogiéndose a la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

También el miércoles, el TJUE emitió un auto en el que rechazaba la petición de Polonia de aplazar las medidas cautelares dictadas en julio por la corte europea, a instancias de la Comisión, para frenar la puesta en marcha de una sala disciplinaria en el Supremo polaco que, según Bruselas, vulnera la normativa comunitaria. Varsovia defendía que las medidas cautelares solicitadas eran incompatibles con una reciente sentencia del Constitucional polaco. Pero el auto le recordó “la primacía del derecho comunitario” y que el artículo 19 del Tratado de la UE –el mismo que cuestiona con su fallo el Constitucional polaco– permite que “las disposiciones nacionales concernientes a la organización de la justicia en los Estados miembros puede ser objeto de control”.