RE/MAX denuncia violación a los derechos humanos y persecución ideológica en Jujuy

El presidente de RE/MAX Argentina, Sebastián Sosa, comunicó el abuso y violación al estado de derecho sufrido por la oficina inmobiliaria de Jujuy, a raíz de las acciones judiciales que se desencadenaron por la publicación de un aviso inmobiliario sobre el cual se inició un reclamo por parte de comunidades originarias. Al tomar conocimiento de las particularidades de dichas tierras, se procedió a la inmediata cancelación de esa oferta el día 11 de agosto. Sin embargo, este sábado un integrante de la inmobiliaria fue preso y se allanaron los domicilios de más de 15 personas que pertenecen a la red.

“Habíamos oído que en Jujuy no se respetaban los derechos humanos, pero creíamos que era cosa del pasado”, declaró Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina.

Se acusó falsamente a una persona de la oficina y a todos los integrantes de la misma llevando al fiscal de Humahuaca, Fernando Enrique Alancay, a cometer el atropello antijurídico de ordenar la detención y privación de la libertad del señor Jorge Villar por ser el número de contacto del aviso, publicado tras a revisar la documentación relativa a la titularidad registral de las tierras presentadas por el vendedor, cometiendo un claro atropello a los derechos humanos más elementales protegidos por nuestra Constitución: ejercer libremente el comercio, gozar de libertad física y presunción de inocencia.

Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina, declaró: “Cuando ayer por la tarde detuvieron a Jorge, no lo podíamos creer. En estos 15 años desde que iniciamos nuestras operaciones en el país he visto de todo, pero nunca imagine que llegarían a esto. De inmediato nos pusimos en contacto con su esposa, su familia y el equipo de la oficina, y nos contaron con mucha angustia y preocupación cómo pasó todo. Su esposa nos ha transmitido la angustia de toda la familia, y la desolación que sienten al remite esta situación a violaciones a derechos humanos que el pueblo de Jujuy nunca más quiere permitir. Jamás imaginamos el extremo al que podían llegar en su persecución los Colegios de Martilleros, en una disputa comercial por el ejercicio de la profesión inmobiliaria, con mecanismos impensados para un país democrático y republicano.”

Sobre el reclamo en esas tierras por parte de las comunidades de Huacalera, Sosa, afirmó: “Tengo un profundo amor por la Argentina, por eso elegí invertir y emprender en el país, respeto el reclamo de las comunidades originarias que defienden su historia y su legado, que amerita ser resuelto por las autoridades pertinentes”.

El Estado cuenta con organismos e instituciones que analizan, definen y registran los derechos de dominio de las propiedades, y particularmente para estos casos que involucran reclamos de comunidades originarias. Entonces, ¿cómo se explica el accionar de la justicia de Jujuy?, ¿cómo es posible que la consecuencia de la publicación de una propiedad, sobre la que se tenía la documentación respaldatoria, y que fue presentada al Fiscal oportunamente, sea privar de la libertad y violentar el principio de inocencia de un equipo inmobiliario?”

"Lo que está detrás, es una persecución a las oficinas inmobiliarias que desean modernizarse. Estamos prestando servicios a oficinas inmobiliarias, empresas argentinas que brindan servicios por argentinos y para los ciudadanos de cada una de las ciudades en donde la marca está presente. Este crecimiento y preferencia de los clientes molesta a actores que pretenden ser los dueños del sector, como sucede con los Colegios de Martilleros”.

“Esta persecución por parte de los Colegios de Martilleros que buscan, de manera extrema, perjudicarnos ha cruzado un límite impensado. Hemos siempre guardado silencio, e intentamos entender que uno puede tener rechazo o miedo a lo que es diferente y moderno. Estas disputas comerciales tienen un ámbito de discusión y resolución en la Justicia, jamás pensamos que la persecución ideológica pudiera llevar a estos extremos de abuso y atropello a derechos humanos esenciales.”