Traferri, su hora y la lógica de los favores que mandan

Es una máxima de la lucha por la supervivencia: los favores se deben, y se cobran. Darlos es anotarse un futuro favor del favorecido. Y recibirlos significa que alguna vez habrá que pagarlos tras alguna orden, un verdadero mandato de quien oportunamente los brindó.

El lenguaje de la calle tiene incorporada esa regla no escrita y los lugares comunes de la prensa también, en ambos se puede escuchar o leer la expresión "favor desinteresado". Es una rara mezcla de lo solidario y lo mercantil. Como si lo natural fuera un compañerismo del trueque, nada idealista.

En esa lógica que también es válida para las relaciones políticas, Armando Traferri, el senador por el departamento San Lorenzo, quiere que haya incluso una instancia judicial, hasta se imagina un careo, donde quede claro que él no ha pedido favores en lo que cuenta, ni a la policía ni a las autoridades políticas que les han dado órdenes a los uniformados durante los últimos gobiernos. Que nunca fue al ministerio de Seguridad o al comisario principal de las fuerza a pedir cabezas, ni a que se le otorguen ayudas de custodias especiales.

Para su visión del tema, el asunto de no haber pedido favores es medular. También para la causa en su contra, que no es casual que no haya podido prosperar luego de tres años.

No todo se explica por el privilegio de los fueros del legislador que impidieron a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra imputarlo. Bien pudo avanzar la investigación y la prueba, al menos en su difusión pública... Pero no fue así. Hoy las preguntas que se le pueden hacer a Traferri en una instancia judicial, en un interrogatorio, más allá de todas las que se le hicieron públicamente, son las mismas que se le hubieran formulado tres años atrás, cuando en una votación equivalente a una mayoría especial por 13 votos a 4 (con 3 abstenciones que incluyeron al propio involucrado) se rechazó quitarle la inmunidad.

Fue en diciembre de 2020 cuando la Cámara alta le dijo no al caso presentado por los fiscales y blindó al senador con el amparo del fueros santafesinos que incluyen, amén de la imposibilidad de ir a prisión, la imputación. El senador fue acusado de recibir coimas para favorecer un negocio impulsado por un capitalista de las apuestas ilegales, Leonardo Peiti, para que en Santa Fe se permita el juego virtual. (Un decreto del ahora gobernador saliente Omar Perotti lo habilitó en medio de la pandemia; el gobernador electo, en calidad de diputado provincial inició una causa penal contra esa decisión del Poder Ejecutivo que, en su criterio, debió haber pasado por la Legislatura).

En su declaración en calidad de arrepentido del capitalista del juego, Peiti mencionó a ambos, a Traferri (a otros legisladores del orden nacional y provincial) y al jefe de la Casa Gris. El tema es que en agosto de este año ya debió retractarse de haber acusado en falso al senador radical Lisandro Enrico y además pagarle una indemnización que el futuro ministro obsequió a una escuela, de 800 mil pesos. Aún así, el empresario del juego ilegal quedó libre. En síntesis, pese a tanta lectura y tanta tinta a favor de los fiscales, no se sabe de más pruebas. En uno de los tantos audios -que no se viralizaron por arte de magia- donde habla Marcelo Sain (supuestamente a ambos integrantes del MPA) les reprocha justamente eso, "como compañero", que tienen poco con que acusar.

Pero el presidente del bloque Juan Domingo Perón sostiene además que buena parte de las conjeturas en su contra provienen de acciones ilegales y ya fue declarado víctima en otra causa, que vincula al ex ministro de Seguridad con el Organismo de Investigaciones del MPA que encabezaba aún en uso de licencia sin goce de sueldo. Era el jefe igual, según una de sus colaboradoras, Débora Cotichini, que fue expulsada por la gestión del anterior fiscal general, Jorge Baclini.

Las acciones legales que anunció que quiere iniciar Traferri en su "ahora voy por todo" se vinculan con esa investigación que popularmente se llamó "de espionaje" y se caratuló como "abuso de autoridad, peculado y malversación de caudales públicos". El legislador, otros dirigentes políticos (como el gobernador electo Pullaro), funcionarios del propio gobierno provincial, periodistas y propietarios de medios de comunicación y otros empresarios tienen la misma condición de víctimas.

El senador dijo esta semana desde su banca, tras renovar en elecciones su mandato, que ha llegado su hora y poder "contar mi verdad". Y afirmó que en su reelección "la opinión pública le ganó a la opinión publicada". Piensa en la figura de las calumnias e injurias.

Los tiempos siempre son relevantes: habrá tratamiento conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político para avanzar pronto con la quita de fueros, pero Traferri no estará durante casi todo octubre (según lo transmitió por nota a la Cámara). Mientras, la suerte del fiscal Edery -ahora acusado por pares- irá definiéndose. Habrá que ver si su situación se resuelve dentro del propio MPA o, eventualmente, en la Legislatura.