Un sistema de saqueo planificado desde el corazón del poder

Por Gabriela Bruno

El escándalo de corrupción que envuelve a Diego Spagnuolo con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no es un caso más de coimas y negociados en la política argentina. No, es un crimen contra los derechos de las personas con discapacidad, contra la dignidad de quienes más necesitamos del Estado y contra el principio básico de igualdad sustantiva.

Mientras en los allanamientos a Spagnuolo se encontraron máquinas de contar billetes, sobres con dólares y millones de pesos en autos y viviendas, miles de personas con discapacidad sufrimos recortes en pensiones, suspensión de terapias, falta de acceso a medicación y despidos arbitrarios de trabajadores, incluso de trabajadores con discapacidad.

A esto hay que sumarle el humillante, angustiante e innecesario proceso de auditorías al que sometieron a quienes recibimos pensiones y apoyos del Estado, como si tuviéramos que demostrar una y otra vez nuestra discapacidad, y nuestra necesidad de vivir con dignidad. Un dispositivo perverso, que funciona como una maquinaria de hostigamiento.

No se trata de "manzanas podridas", sino de un sistema de saqueo planificado desde el corazón del poder. Spagnuolo fue uno de los funcionarios que más veces visitó la residencia de Olivos. No se puede decir -entonces- que piezas centrales del gobierno, mencionadas directamente en las denuncias, desconocieran estas maniobras. El encubrimiento posterior, con desplazamientos selectivos y una intervención maquillada de la ANDIS, demuestra que el objetivo del oficialismo no es esclarecer la verdad, sino taparla.

La corrupción en discapacidad no es un tecnicismo: es crueldad pura. Cada dólar "sustraido" son tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, apoyos que se niegan, vidas que se condenan al abandono. No es un abuso administrativo: es violencia política, económica y simbólica contra personas que históricamente hemos sido excluidas.

Exigimos justicia real y urgente. Que se investigue hasta el fondo, que se avance sobre todos los responsables -incluidos quienes desde la cúspide del poder avalaron y se beneficiaron de estas maniobras-, que se restituyan los fondos desviados y que se garantice la reparación a las personas con discapacidad afectadas. No aceptamos pactos de silencio, ni arrepentidos funcionales, ni intervenciones cosméticas.

La ANDIS no puede ser una "caja negra" para negocios espurios. Es un organismo creado para garantizar derechos. Convertirlo en una cueva de corrupción es una afrenta contra toda la sociedad. No tendría que haber olvido ni impunidad. Tenemos que seguir denunciando situaciones como estas; tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir luchando, hasta lograr que aquellos que atentan contra los recursos de las personas con discapacidad enfrenten a la Justicia y paguen por el daño causado.

Por eso es prioritario defender las consignas que hacen a esa lucha y a ese deseo de legítima igualdad:

* ¡Basta de ignorar a las personas con discapacidad!

* La corrupción en discapacidad es violencia.

* Diego Spagnuolo y las personas del gobierno involucradas deben rendir cuentas.

* Cada peso que se "llevan" son servicios que no llegan.

* Hay que decirle ¡No! a la impunidad y ¡Sí! a la justicia.

* Los derechos no son "caja chica" del poder.

* La ANDIS no es negocio, es dignidad.

* Mientras ellos cuentan dólares, nos quitan las pensiones.

* La corrupción mata, la indiferencia también.

* Justicia para las personas con discapacidad ya.