El debate sobre la ley ómnibus define las estructuras de poder

El extenso aunque acelerado proceso que desembocó en la aprobación, con media sanción, del proyecto de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", la llamada ley ómnibus, puso a prueba a la estructura política del país, y aún está lejos de alcanzar su forma definitiva.

Paradójicamente, el texto que el gobierno nacional presentó como piedra basal de la arquitectura que imagina para sacar adelante al país, en realidad se convirtió en el laboratorio para establecer más bien las bases de en qué términos, con qué alcances y bajo qué modalidades se tomarán las decisiones y se desenvolverán las instituciones.

El mega proyecto presentado por el gobierno exhibía ambición de integralidad, en la justificación no discriminaba rango de importancia para cada una de sus numerosísimas disposiciones, y en la pretensión de adhesiones decía no dejar margen para la negociación.

El desenvolvimiento de las reuniones y diálogos formales e informales, en ámbitos parlamentarios y extraparlamentarios, llevó a un cuadro de situación muy diferente, que algunos imaginaron como parte de una estrategia preconcebida y otros consideraron una muestra cabal de la falta de experiencia política. En cualquier caso, ese trámite parece haberse convertido en el cauce de un modelo de gestión que, por aprendizaje tardío o a regañadientes, parece tender a imponerse asumiendo formatos distintos a los pretendidos originalmente. Al menos en apariencia y con carácter necesariamente provisorio, habida cuenta de que el factor de imprevisibilidad en la política argentina se ha vuelto inesperadamente alto de un tiempo a esta parte.

Juegos de rol

Esto quedó demostrado precisamente en este proceso: mientras el proyecto original lograba convertirse en dictamen y finalmente en texto con media sanción resignando cantidad y contenido de artículos y títulos enteros, los funcionarios que responden al presidente Javier Milei alternaban buenos oficios y propensión al diálogo por parte de algunos, con inflexibilidad o exabruptos de parte de otros, desconociendo o desautorizando a los negociadores, y vapuleando en su dignidad y honor a los mismos legisladores a los que intentaban convencer de que dieran su apoyo. El propio primer mandatario sorprendió a propios y extraños con algunos posteos en redes sociales en circunstancias y con tonos que normalmente son incompatibles con las instancias de búsqueda de consensos, y que bien pudieron haber echado por tierra, voluntariamente o no, con esos denodados esfuerzos. Está bastante claro que la repugnancia de Milei a la negociación es genuina. La postura "anti-política" es marketing, pero también un sentimiento; aunque a veces no pueda evitar las contradicciones al momento de asignar las categorías de réprobos y ungidos.

Pero si de forjar estructuras de poder se trata, no puede soslayarse el rol asumido por los gobernadores, principalmente de Juntos por el Cambio que, con el mismo sustento del respaldo popular en las urnas que el Presidente, y con planteos firmemente anclados en los intereses de sus comprovincianos (y con ello, en la viabilidad de sus respectivas gestiones), jugaron fuerte tanto en los rechazos como en las aceptaciones condicionadas, y también en las pretensiones expuestas. Y en esos términos hicieron funcionar las poleas de transmisión para con los legisladores de sus respectivas provincias y partidos. Tanto la confrontación pública como el respaldo al gobierno nacional son posiciones que implican la posibilidad de obtener resultados o de pagar distinto tipo de precios, pero en ningún caso carecen de riesgos. En ese sentido, el papel protagónico asumido por el santafesino Maximiliano Pullaro, además de proyectarlo inocultablemente en el plano nacional, estuvo también, como ya se ha dicho en estas líneas, acicateado en buena medida por los rigores del frente interno, y de las demandas que debe atender. Así, la discusión en ciernes del Pacto Fiscal será una nueva prueba de fuego, como en el parlamento lo serán la delegación de facultades, las privatizaciones o el sistema jubilatorio.

El otro escenario en el que se puso en juego el diseño del poder, sus alcances y modos de ejercicio en el futuro inmediato, fue el de la calle. Las fuertes manifestaciones en las inmediaciones del Congreso tradujeron un malestar que se replica casi cotidianamente en cacerolazos o protestas sectoriales o de carácter general, alentadas en muchos casos por grupos de interés o facciones ideológicas, pero canalizadoras de la preocupación, la angustia y la incertidumbre que aqueja a buena parte de la población. Al menos, a aquélla a la que no le basta la satisfacción de haber acompañado un proyecto electoral y exitoso (o derrotado a su opuesto), ni les alcanza con las promesas de un bienestar futuro cuyo alcance resulta demasiado impreciso y acaso esquivo.

En este punto, no puede obviarse el debate sobre la manera en que se ejerció la fuerza pública para disuadir a los manifestantes, como así tampoco obviar el uso político que se pretendió hacer para impedir que el Congreso sesionara normalmente, tratando de interrumpir o dilatar la sesión. Es decir, que hiciera precisamente aquéllo para lo que existe, renegando de la condición de mera escribanía o de sometimiento irrestricto que en otras oportunidades se le achaca, e incluso imponiendo su relevancia constitucional frente a lo que también se denunció como un intento de "ninguneo" por parte del Poder Ejecutivo y sus frecuentes desaires.

Estas cuestiones: la premisa del acuerdo y la búsqueda de consensos (por vocación o necesidad), la lógica de la negociación (definiendo el qué, el quién, el cómo y el cuánto), el ejercicio de los roles que competen a cada uno de los estamentos democráticos (lo que abarca también al Poder Judicial y a la sociedad civil), los términos en que se ejerce el disenso y la protesta, los límites y caminos que estipula la Constitución Nacional, la propia naturaleza federal de la Argentina, y la tensión entre la legitimidad del acceso al poder y su ejercicio, son aquéllas en las que ha sido determinante el debate por la ley ómnibus.

Las reglas de juego

Todo este período, en tanto, no estuvo exento de algún nivel de incertidumbre, e incluso de temor, sobre cómo se conducirían cada uno de los actores en caso de que no se hubiera llegado a un punto de confluencia y se hubiesen extremado los niveles de tensión. El peligro, nunca del todo aventado, de que ello ocurra, es lo que marca el nivel de importancia de lo ocurrido en las últimas semanas, y de lo que sucederá en las próximas. En ese sentido, la respuesta a las demandas de una sociedad excesivamente castigada no están cifradas en esta ley, por más importante que sea, sino de lo que vaya a hacerse a partir de ella. Pero también, en buena medida, tendrá que ver con la forma en que cada uno de los intervinientes en este tramo casi preliminar se posicione para el futuro inmediato, y lo que esté dispuesto a hacer para sostenerlo.