Desbarajuste

En la Argentina de nuestros días, "ajuste" se ha convertido en una palabra maldita. Y quien la pronuncie, será fustigado con ira por amplios sectores sociales. Por ese motivo se erige como una barrera para quienes gobiernan.

La contracara del vocablo ajuste son las palabras desajuste o desbarajuste y sus sinónimos: desarreglo, desorden, confusión, desconcierto, desorganización, desgobierno. Al rechazar un ajuste razonable que reordene prioridades, recursos y objetivos para salir del caos cotidiano, optamos por sus antónimos. Y así nos va.

Cuando era chico, frente a las turbulencias de los ciclos económicos adversos, era común escuchar en mi casa, en las de mis amigos, en la escuela y en la calle una frase que sintetizaba una respuesta lógica al problema: "Habrá que ajustarse el cinturón". Y la mayoría lo hacía hasta que las condiciones mejoraran, en buena medida, por los efectos que producía esa respuesta social compartida y eficiente. A nadie, o a muy pocos, se les ocurría pedir soluciones imposibles. Sin duda se producían discusiones sobre las causas del problema y las alternativas de solución, pero mientras esos debates persistieran, como medida preventiva de males mayores, gran parte de la ciudadanía se ajustaba el cinturón. La plasticidad de la población frente a las contingencias, acortaba los ciclos de recuperación.

Eran tiempos en los que podía hablarse del sentido común, porque la mayor parte de la población compartía criterios, valores y sentimientos. Hoy eso ha desaparecido. La sociedad se ha fragmentado en numerosos pedazos, y cada porción ha elaborado sus propios argumentos. Baste un ejemplo: para un ladrón, salir de caño es salir a trabajar; y el robo, equiparado a un salario, es el sustento de su familia. Una lógica que se reproduce en la cima de la pirámide económica con la naturalidad que se ejecutan los saqueos financieros; y en la cúspide de los gobiernos, con la multiplicación de impuestos que vacían los bolsillos de los contribuyentes con visos de legalidad, cuando en verdad se parecen más a atracos perpetrados mediante abuso de poder. También, con los clubes público-privados organizados para latrocinar recursos del Estado. Todos tienen sus argumentos. Para unos, el robo o el abuso son formas de generar ingresos para atender necesidades; en un caso, personales o familiares; en el otro, para seguir alimentando el barril sin fondo del gasto público, la forma más distorsionada de acción política. Y en el crudo plano de los intereses puros y duros, para maximizar ganancias a costa de los padecimientos de los otros.

El despedazamiento del sentido común sintomatiza la destrucción del cuerpo social y la liberación de sus partes en una jungla donde todo puede suceder. Por eso se han perdido las certezas al mismo ritmo que la anomia invade todos los intersticios del comportamiento social.

Por eso ya no tiene efecto hablar de la seguridad jurídica como condición previa de la inversión productiva. Al desvanecerse las certezas, crecen la desconfianza y el sálvese quien pueda. La ley deja de contener las conductas y las instituciones se vacían de sentido. Sin reglas, los proyectos se paralizan, la inversión desaparece, el trabajo escasea, los conflictos se multiplican y la ley de la calle predomina sobre las abstracciones filosóficas y las normativas vigentes.

Los jóvenes carecientes se alejan de los centros educativos y se acercan a los bunkers del narcotráfico, que ofrecen con rapidez dinero en mano. O se agrupan en bandas de malandrines que rapiñan lo que pueden en ataques piraña contra vecinos que poseen un auto, un teléfono celular o un bolso con ropa para el gimnasio. En este escenario, a la escuela le resulta cada día más difícil retener alumnos (con el confinamiento de la pandemia, más de un millón dejaron las aulas). Los largos ciclos educativos con programas desactualizados y maestros que destilan sus broncas a través de sesgos ideológicos antisistema, empeoran un cuadro de situación al que debe agregarse la incierta salida laboral que proporciona una educación deficiente en una economía contraída.

Parafraseando el título de aquel libro del politólogo estadounidense Samuel Huntington sobre el "choque de civilizaciones", puede decirse que en su frente interno la Argentina exhibe profundos desgarros económicos y culturales, así como una inédita combustión social y política, donde el todos contra todos también se manifiesta, con mayor o menor intensidad, en la intimidad de los frentes políticos.

Algunos son connaturales a la dinámica de tensiones de la política, como ámbito de ambiciones de poder. Basta ver en Juntos por el Cambio, los escarceos y contrapuntos entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, aspirantes a candidaturas por el PRO en 2023.

Pero mucho más ostensibles y peligrosos para el conjunto ciudadano son los que ocurren dentro del frente oficialista, donde cualquiera puede observar en vivo y en directo, día tras día, la tarea de demolición de la figura presidencial orquestada en las usinas del Instituto Patria, sede del gobierno alterno de Cristina Fernández de Kirchner. El infrecuente proceso cuenta, también hay que decirlo, con la colaboración condescendiente del propio Alberto Fernández, quien ha rifado en sucesivas actuaciones el valor de su palabra.

Mientras estos juegos, que responden a sus propias lógicas, deshilachan el país, aparecen borrosas las eventuales ganancias que tales comportamientos puedan reportar en el futuro inmediato a quienes los motorizan.

La lógica de Cristina es tan clara como desesperada. Sus movimientos apuntan a las elecciones legislativas que se acercan cada día que pasa, mientras las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la población empeoran. Si el resultado de las elecciones no le es favorable, su proyecto político -el de La Cámpora, en el futuro- se debilita tanto como su situación en los estrados judiciales, donde, pese a su lentitud, las causas en las que está imputada de delitos de acción pública, avanzan.

La hipótesis de una condena efectiva no sólo oscurecería su destino, sino el de su familia, a la que ha implicado al designar a sus hijos en cargos directivos de empresas sospechadas de la comisión de graves ilícitos. Es un riesgo tan fuerte como su pulsión de sobrevivencia, que la empuja a hacer las cosas que hace. Es lo que explica la destrucción en serie de los fundamentos sobre los que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, elaboró el Presupuesto de este año, al que él mismo definió como el plan económico del gobierno nacional.

Por eso el ancla a las tarifas públicas, con el consiguiente subsidio a las prestadoras que sólo puede atenderse con emisión monetaria; o la presión para romper las restricciones en materia de gastos, con el propósito de irrigar con un nuevo IFE a la multitudinaria clientela del conurbano bonaerense, lo cual comporta la licuación del programa de astringencia del gasto público que aceitaba los rieles dirigidos a un probable acuerdo rápido con el FMI. La consecuencia es obvia: el bloqueo de eventuales acuerdos con el Fondo y el Club de París, organismo ante el cual el default se vuelve inminente, máxime si Guzmán concreta su renuncia al cargo, ya insinuada.

En suma, un panorama caótico que responde a la recurrente lógica de sortear como se pueda el obstáculo inmediato. La de patear para adelante el crónico rojo fiscal mediante el gastado recurso de la emisión inflacionaria, camino que augura un mayor desbarajuste de todas las variables socioeconómicas y un peor nivel de vida para la mayoría de los argentinos. Pero, por el momento, las palabras acuerdo, concertación, reordenamiento progresivo del gasto, activación productiva del país sobre bases racionales, están prohibidas. Lo que existe es un áspero choque de lógicas hasta ahora incompatibles.

El despedazamiento del sentido común sintomatiza la destrucción del cuerpo social y la liberación de sus partes en una jungla donde todo puede suceder. Por eso se han perdido las certezas al mismo ritmo que la anomia invade todos los intersticios.

En su frente interno la Argentina exhibe profundos desgarros económicos y culturales, así como una inédita combustión social y política, donde el todos contra todos también se manifiesta, con mayor o menor intensidad, en la intimidad de los frentes políticos.