El descuento que no fue

La sociedad le reclama a la “clase política”, a veces sin comprender el relativo impacto que eso supone, gestos de austeridad. La gran mayoría de los ciudadanos lo hacen desde la convicción de que “los políticos” ganan demasiado. Un asunto debatible, y en los números, mucho más.

Aún así, no cabe ninguna duda que los salarios de los funcionarios y legisladores, se pagan con los recursos del Estado y que esos recursos son la consecuencia del pago de los tributos. Y en épocas de vacas flacas y ajustes, más en emergencia, es cuanto menos razonable que se hagan ajustes que impliquen un gesto de empatía con las circunstancias que vive la mayoría de la población.

Apenas se conoció el impacto de la Pandemia, los legisladores de todos los partidos políticos hicieron un anuncio: se descontaron el 50 % de sus dietas netas desde el 1 de marzo. Es decir, lo anunciaron el 20 de marzo, lo retrotrajeron al 1 de ese mes y le fijaron como plazo indeterminado “hasta que concluya el estado de excepción” causado por la Pandemia. Los diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, dejaron la mitad real de los ingresos que les corresponden.

En los hechos, un diputado que cobra 120 mil pesos -es el promedio, de acuerdo a antiguedades y cargos jerárquicos- desde ese día, percibe 60 mil. Los diputados, particularmente, destinaron ese dinero a organizaciones específicas. En la web de la Cámara de Diputados, se puede conocer el destino de los fondos que donaron cada uno ellos, aunque la mayoría de ellos fueron a los Bancos de Alimentos de Santa Fe y Rosario.

Lento, pero retroactivamente al 1 de abril, el gobernador anunció que tanto él como la vicegobernadora Alejandra Rodenas, van a emular a los legisladores. Ambos anunciaron que donarán -sin destinos específicos, pero sí vinculados a la situación del Covid-19- un “50 % de sus sueldos”.

La noticia fue bien recibida. El gesto de Perotti y Rodenas implica una manifestación de solidaridad, entre otros con los empleados públicos, docentes, policías y todos los efectores del Estado que están sufriendo las consecuencias de la Pandemia y que no recibieron desde diciembre del año pasado, ningun aumento en sus ingresos.

El “gesto” se formalizó a través del decreto 373 fechado el 20 de abril, en el que además, anuncian que harán lo propio con el 40% de los sueldos de sus ministros y funcionarios superiores de la gestión politica en los Entes Públicos, un 35% en el caso de subsecretarios y subadministradores, un 30 % sobre los sueldos de los Directores y Subdirectores de todas las áreas, mientras que le quitará el 25 % al resto de los funcionarios públicos.

Pero a diferencia de los legisladores, el articulo 1 del decreto 373 firmado por el gobernador, limita los descuentos sólo por los meses de “abril, mayo y junio” y el porcentaje a descontar, se toma sólo desde el “sueldo básico” de los funcionarios.

¿Cuál es la diferencia? En los haberes de los funcionarios públicos, se contemplan una lista de componentes: el sueldo básico, los gastos de representación, la antigüedad administrativa, la compensación funcional, los adicionales especiales remunerativos -que suelen ser el grueso de los salarios- más algunos incentivos.

Si tomamos por ejemplo, el recibo de sueldo de un Secretario de cualquier ministerio vamos a encontrarnos que “el bruto” de ese funcionario alcanza a los 107.000 pesos. Pero que el “básico” apenas aporta 11.000 pesos. Si a ese bruto, le hacemos los descuentos de ley, vamos a encontrarnos, siempre por ejemplo, con un salario de bolsillo de 70.000 pesos.

Según lo resuelto por el gobernador, el aporte de los funcionarios será de 5.500 pesos -la mitad del básico- y no de 35 mil pesos, que es la mitad del salario del bolsillo.

Si a eso lo trasladamos a porcentajes, el funcionario aportará un 7 % de su salario y no el 50%, ni el 40%, ni el 30% que promete el anuncio.

El decreto generó mucho enojo en la administración pública, que sigue recibiendo -como en el caso del personal de salud– descuentos en los recibos de sueldo, de los adicionales de 3000 pesos, que recibieron en marzo y fueron eliminados en abril. O algo aún peor: la exclusión de los adicionales no remunerativos nacionales, que sólo se asignan a los trabajadores de lugares de intrenación, dejando afuera del beneficio a quienes exponen sus vidas en los CENTROS de ATENCIÓN PRIMARIA.

El anuncio del gobernador pretende instalar un sacrificio salarial de los funcionarios del poder ejecutivo, que cOmo bien se entiende en la lectura del decreto 737, es insignificante y representa apenas un 15% de lo que dicen resignar.

Cualquiera sea la explicación, y en el caso de que finalmente rectifiquen el contenido del decreto, queda una sensación en el aire: El gobierno parece empecinado en no hacer nada bien. Ni siquiera las cuentas de los salarios, ni siquiera la concreción de una acción que sólo implicaba un gesto de solidaridad con el resto de los ciudadanos que ya sienten la asfixia del desplome económico.

En el caso de que la decisión haya sido intencional, alcanzaba con no mentir.

Las mentiras, además de patas cortas, tienen un efecto deavstador sobre la confianza pública.

Si nos mienten en datos que terminan siendo contrastados por los hechos… ¿por qué debemos suponer que no lo hacen, en los datos que no podemos contrastar?

Un gesto innecesario.