Instituciones versus "ranchada"

Dos palabras resuenan con fuerza en la realidad política de la provincia de Santa Fe, si se tiene el oído preparado para escucharlas. Una fue como un grito de autoridad en medio de una crisis de inseguridad extrema en Rosario, la otra requiere años de vocación por saber escuchar a la actividad política.

En lo que va de febrero tuvo amplia repercusión una expresión de origen carcelaria que pronunció el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Dijo que en Santa Fe se terminó la "ranchada" con los narcos, ante la violencia que sufre Rosario que recuerda dramas mexicanos o colombianos. Ciertamente la desesperación, el miedo, legitima una temible militarización de zonas de esa ciudad. El Comité de Crisis que la provincia comparte con la ministra del área a nivel nacional, Patricia Bullrich, ya usa móviles del ejército y aumenta la presencia de fuerzas federales. Por ahora no hay integrantes de las fuerzas armadas, solo sus pertrechos.

Mientras, debe recordarse que fue la ex candidata a presidenta quien, mucho antes de las fotos de presos rosarinos apiñados, en cueros (a lo Bukele), pretendiera obtener algún rédito político con el número de muertos menor en enfrentamientos en el departamento Rosario, que la Provincia en cambio ha preferido no magnificar.

Cococcioni fue el abogado de Maximiliano Pullaro cuando, como diputado provincial opositor, había sido espiado por la gestión de Omar Perotti desde la oficina del entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain. En 2021 Pullaro y otros dirigentes, funcionarios de aquellos años, empresarios, periodistas y editores de medios fueron las víctimas de un esquema cuyos engranajes entre la Casa Gris y el MPA hoy se revisan judicialmente.

Una nueva ley de incompatibilidades y otra de transparencia en gastos para investigar cuidan que no se repita ese horrible episodio, acaso el peor desde el retorno de la democracia para la vida institucional de la provincia.

Ajena a la gauchesca

El término no pertenece a la literatura gauchesca sino a las cárceles; así denominan los presos un lugar de reunión o cohabitación. Nada que ver con un hogar humilde o una excursión de pescadores a la isla. Y "ranchada" figura en la documentación y la exposición que el auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, llevó adelante ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, mientras se extendía en una derivación del caso del fiscal Matías Edery, a raíz de escuchas telefónicas y mensajes. En ellos Mariana Ortigala, hoy presa por pertenecer a la banda Los Monos y cometer extorsiones en su nombre, tiene un trato afectuoso con Sain. Como sucede con viejos amigos, en los diálogos se prometen futuros asados.

"Ranchada" era lo que pedía Sain a Ortigala con el líder de Los Monos preso, Ariel Cantero. El para entonces asesor del ministerio de Seguridad de la Nación le dijo que quería mantener una reunión con el narco, una entrevista, como "estudioso del tema". La conversación a la que aludió Cococcioni existió cuando Saín ya había sido expulsado de Santa Fe tanto por el ex gobernador Perotti de su gabinete, como por la Legislatura de la jefatura del Organismo de Investigaciones del MPA.

Mai, quien entiende que hay extremos graves en la conducta de Edery y por eso llevó información a los legisladores, también se refirió a las conversaciones entre el ex ministro Sain con Ortigala, justamente la testigo protegida e informante que tanto complica al fiscal. El jueves 7 se lo suspendió hasta tanto concluya el abocamiento dispuesto por el Poder Legislativo. El ex titular de Seguridad está imputado por abuso de autoridad y por un polémico intento de compra directa de armas que abortó la propia administración de Perotti.

La otra palabra que permite explicar lo principal de un mes difícil para la Provincia tuvo bastante menos prensa. Y es sin embargo muy significativa en política y en cualquier parlamento: unanimidad.

Absolutamente nadie se opuso a que el fiscal Edery reciba una dura medida en su contra, sin más plazos que los que se imponga ese Poder. Edery está imputado por fiscales de la ciudad de Santa Fe por los delitos de omisión de investigar, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato.

Cuando hay acuerdo y se sabe que no habrá disidencias, los legisladores votan por signos: simplemente levantan las manos sin más trámites, no se pasa lista para que cada uno de ellos se pronuncie por la afirmativa o la negativa. Eso sucedió en la sesión conjunta del jueves. El arco político que así se expresó suma a radicales, socialistas, justicialistas de diversas extracciones, diputados que provienen del movimiento celeste e incluso del ala izquierda santafesina y hasta de los escasos libertarios de la Cámara baja. Está claro que la reunión del auditor Mai ante los legisladores fue determinante.

"Ranchada" versus unanimidad en las fuerzas políticas con representación institucional parece ser el eje de cómo enfrentar uno de los momentos más complejos en Rosario. La ciudad fue semi paralizada. Incluso se la privó de su marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La defensa de Edery, además de exponer sus argumentos sobre las acusaciones de que es objeto, acudió al prestigio personal, profesional del fiscal. Consultado por la prensa, el gobernador Pullaro reiteró sus expresiones en dirección de esto último, y habló del valor que tiene haber tomado causas de enorme complejidad y riesgo. Pero también el titular del Poder Ejecutivo Provincial explicó que en Santa Fe las instituciones funcionan y que más allá de sus opiniones sería la Legislatura quien decida. Y eso ocurrió unas horas después, para que continúen el proceso sobre el fiscal "preventiva y transitoriamente" suspendido, como describió la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada socialista Lionella Cattallini.

En síntesis, el Gobierno de Santa Fe ratifica que no negocia en la "ranchada" ni debilitará la persecución del narcotráfico, mientras que la unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia, las instituciones, trazan límites para que el trabajo de los fiscales se atenga a la ley.